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Derecho administrativo general
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¿Qué es el Derecho administrativo?
Rama del Derecho público que regula la organización, actividad y control de las Administraciones públicas.
¿Qué principio somete la Administración a la ley y al Derecho?
El principio de legalidad; la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE).
¿Qué diferencia hay entre reglamento y acto administrativo?
El reglamento es una norma jurídica general; el acto administrativo aplica el ordenamiento a un caso concreto.
¿Qué jerarquía existe entre ley y reglamento?
El reglamento está subordinado a la ley y no puede contradecirla ni invadir materias reservadas a ella.
¿Qué es la inderogabilidad singular de los reglamentos?
Una resolución particular no puede vulnerar un reglamento, aunque la dicte un órgano de igual o superior jerarquía (art. 37 Ley 39/2015).
¿Qué es la competencia administrativa?
El conjunto de funciones atribuidas a un órgano; es irrenunciable y debe ejercerla el órgano que la tiene atribuida, salvo excepciones legales (art. 8 Ley 40/2015).
¿Qué diferencia hay entre delegación y avocación?
La delegación permite que otro órgano ejerza competencias; la avocación permite al órgano superior asumir un asunto concreto de un órgano dependiente.
¿Qué diferencia hay entre delegación de competencias y encomienda de gestión?
La delegación afecta al ejercicio de competencias; la encomienda encarga actividades materiales o técnicas sin ceder la titularidad de la competencia.
¿Qué diferencia hay entre delegación de firma y suplencia?
La delegación de firma permite firmar actos por otro órgano sin transferir la competencia; la suplencia sustituye temporalmente al titular.
¿Qué elementos debe respetar un acto administrativo?
Competencia, contenido, finalidad, forma y procedimiento, conforme al ordenamiento jurídico.
¿Qué presunción se aplica a los actos administrativos?
Se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa o requieran notificación, publicación o aprobación (art. 39 Ley 39/2015).
¿Cuándo es nulo de pleno derecho un acto administrativo?
Cuando concurre alguna de las causas tasadas del art. 47 Ley 39/2015, como lesión de derechos susceptibles de amparo o incompetencia manifiesta por materia o territorio.
¿Cuándo es anulable un acto administrativo?
Cuando incurre en una infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, salvo que proceda la nulidad de pleno derecho (art. 48).
¿Qué diferencia hay entre nulidad y anulabilidad?
La nulidad se limita a causas tasadas del art. 47; la anulabilidad es la regla general para las restantes infracciones del ordenamiento.
¿Qué es la desviación de poder?
Ejercer una potestad administrativa para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
¿Qué es la convalidación de un acto administrativo?
La subsanación por la Administración de los vicios de un acto anulable, conforme al art. 52 de la Ley 39/2015.
¿Qué diferencia hay entre revisión de oficio y revocación?
La revisión de oficio permite declarar la nulidad de actos en los supuestos legales; la revocación permite retirar actos desfavorables o de gravamen dentro de los límites del art. 109.
¿Qué plazo tiene la Administración para resolver la revisión de oficio?
Tres meses; si se inició de oficio, se produce la caducidad; si se inició a solicitud, puede entenderse desestimada (art. 106.5).
¿Qué es la declaración de lesividad?
Declaración administrativa previa para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto favorable anulable.
¿Cuál es el plazo máximo para declarar lesivo un acto favorable anulable?
Cuatro años desde que se dictó el acto (art. 107 Ley 39/2015).
¿Qué es el procedimiento administrativo común?
La sucesión ordenada de trámites para adoptar una resolución administrativa conforme a la Ley 39/2015 y la normativa aplicable.
¿Cuáles son las fases habituales del procedimiento administrativo?
Iniciación, ordenación, instrucción y finalización; puede haber actuaciones complementarias y ejecución.
¿Qué diferencia hay entre iniciación de oficio y a solicitud?
La iniciación de oficio la acuerda la Administración; la iniciación a solicitud comienza por petición de una persona interesada.
¿Cuál es el plazo general para subsanar una solicitud?
Diez días; puede ampliarse hasta cinco días en los términos del art. 68.2, salvo las excepciones legales.
¿Qué diferencia hay entre término y plazo administrativo?
El término señala un momento concreto para actuar; el plazo es el período disponible para realizar una actuación.
¿Cómo se cuentan los plazos expresados en días?
Son hábiles salvo que una ley o el Derecho de la UE disponga otra cosa; se excluyen sábados, domingos y festivos (art. 30).
¿Desde cuándo se cuentan los plazos expresados en meses o años?
Desde el día siguiente a la notificación o publicación, o al día siguiente de producirse el silencio, según corresponda; vencen el mismo ordinal, con las reglas legales de ajuste.
¿Qué ocurre si el último día de un plazo es inhábil?
El plazo se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 30.5 Ley 39/2015).
¿Cuál es el sentido general del silencio en procedimientos iniciados a solicitud?
Estimatorio, salvo excepciones legales; el silencio desestimatorio permite recurrir, pero no equivale a una resolución expresa sobre el fondo.
¿Cuál es el plazo máximo para resolver y notificar?
El fijado por la norma del procedimiento; no puede superar seis meses salvo que una ley o el Derecho de la UE establezca otro plazo. Si no se fija, son tres meses.
¿Qué diferencia hay entre caducidad y prescripción?
La caducidad afecta al procedimiento por vencimiento del plazo; la prescripción extingue la posibilidad de ejercer un derecho o exigir responsabilidad al transcurrir el tiempo legal.
¿Qué recursos administrativos ordinarios existen?
Recurso de alzada y recurso potestativo de reposición (arts. 121-124 Ley 39/2015).
¿Contra qué actos procede el recurso de alzada?
Contra actos que no ponen fin a la vía administrativa; resuelve el órgano superior jerárquico competente (art. 121).
¿Cuál es el plazo para interponer alzada contra un acto expreso?
Un mes desde el día siguiente a la notificación (art. 122 Ley 39/2015).
¿Cuál es el plazo máximo para resolver la alzada?
Tres meses; transcurrido el plazo sin resolución, se entiende desestimado, salvo la excepción legal relativa a la doble desestimación por silencio.
¿Contra qué actos procede la reposición potestativa?
Contra actos que ponen fin a la vía administrativa; se interpone ante el mismo órgano que los dictó (art. 123).
¿Cuál es el plazo para interponer reposición contra un acto expreso?
Un mes desde el día siguiente a la notificación (art. 124).
¿Cuál es el plazo máximo para resolver la reposición?
Un mes; contra su resolución no puede interponerse de nuevo reposición.
¿Qué es el recurso extraordinario de revisión?
Un recurso contra actos firmes en vía administrativa por causas tasadas del art. 125, como error de hecho que resulte de los documentos del expediente.
¿Cuál es el plazo para recurrir por error de hecho en revisión extraordinaria?
Cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada; para las demás causas, tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme.
¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración?
La obligación de indemnizar lesiones antijurídicas causadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor y otros supuestos legales.
¿Cuál es el plazo para reclamar responsabilidad patrimonial?
Un año desde el hecho o acto que motive la indemnización o desde que se manifieste su efecto lesivo, con reglas específicas para daños físicos o psíquicos.
¿Qué requisitos debe reunir el daño indemnizable?
Ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo; la persona perjudicada no debe tener el deber jurídico de soportarlo.
¿Qué diferencia hay entre revisión de oficio y recurso administrativo?
La revisión de oficio permite a la Administración revisar determinados actos por causas legales; el recurso lo interpone una persona legitimada contra un acto impugnable.
¿Qué es la jurisdicción contencioso-administrativa?
El orden jurisdiccional que controla la legalidad de la actuación administrativa y la tutela de los derechos e intereses legítimos, conforme a la Ley 29/1998.