Gestión y control del sector público - Conceptos fundamentales

Fichas de vocabulario que desarrollan los conceptos clave de la materia Gestión y control del sector público, cubriendo hacienda pública, teoría general de sistemas, subsistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, contrataciones, inversiones y control gubernamental.

Hacienda pública (según Atchabahian)

Coordinación activa de personas y de bienes económicos, establecida por los habitantes afincados en un territorio, con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo o común que los individuos no podrían atender aisladamente.

Bienes públicos puros

Bienes y servicios en los cuales no existe rivalidad en su consumo (el costo marginal de suministrarlo a una persona adicional es cero) y no rige el principio de exclusión (resulta imposible o sumamente costoso impedir que un individuo lo reciba).

Productos terminales

Bienes o servicios originados exclusivamente en las categorías programáticas programa, subprograma y, en ciertos casos, proyecto, que se destinan directamente a la satisfacción de necesidades públicas.

Productos intermedios

Bienes y servicios que no satisfacen directamente una necesidad pública colectiva, pero que resultan indispensables como insumos para condicionar o posibilitar la producción de bienes finales.

Unidad de medida

Patrón de referencia empleado para cuantificar la producción pública, el cual debe ser inalterable en el tiempo, universalmente aplicable y fácilmente reproducible.

Indicador de gestión

Valor numérico o magnitud sintética que provee una medida para ponderar el desempeño cuantitativo y cualitativo de un sistema, evaluando el logro de objetivos institucionales y el uso de recursos.

Administración central

Núcleo neurálgico del sector público nacional integrado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Presidencia de la Nación, los Ministerios, las Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio Público.

Descentralización institucional (o autárquica)

Forma organizativa mediante la cual el ordenamiento confiere competencias a entidades creadas por ley con personalidad jurídica propia y patrimonio afectado, que actúan a nombre propio bajo control tutelar del Poder Ejecutivo.

Desconcentración (o descentralización burocrática)

Atribución exclusiva y permanente de competencias de gestión o iniciativa a órganos inferiores subordinados jerárquicamente dentro de una misma estructura u organización administrativa.

Empresas del Estado

Entidades públicas descentralizadas dedicadas a actividades comerciales o industriales, dotadas de personalidad jurídica y capital estatal, reguladas por un régimen jurídico mixto de derecho público y privado (Ley 13653).

Sociedades del Estado

Sociedades de capital enteramente público representadas en certificados nominativos e intransferibles a privados, regidas preponderantemente por el derecho privado y las normas de sociedades anónimas (Ley 20705).

Entes cuasi públicos

Corporaciones públicas no estatales creadas por ley para fines de utilidad general, que poseen patrimonio propio y recursos diferenciados de los del Estado (por ejemplo, colegios y consejos profesionales).

Fideicomiso público

Operación regulada por la Ley 24441 en la que el Estado, en calidad de fiduciante, transmite bienes o caudales para constituir un patrimonio separado y autónomo gestionado por un fiduciario con un fin público específico.

Teoría General de Sistemas (TGS)

Enfoque metodológico e interdisciplinario formulado por Ludwig Von Bertalanffy que examina entidades complejas como totalidades articuladas y dinámicas, oponiéndose al reduccionismo analítico.

Sinergia

Propiedad de los sistemas conforme a la cual el todo difiere de la simple sumatoria de sus partes individuales, debido a la acción conjunta e interdependiente de sus componentes.

Recursividad

Propiedad por la cual un sistema sinérgico está compuesto por elementos que a su vez reúnen características de sistemas independientes (subsistemas), y que a la vez integra un sistema superior (suprasistema).

Sistema de Administración Financiera (SAF)

Conjunto de principios, normas, órganos y procedimientos coordinados que intervienen en la programación, gestión y control requeridos para captar fondos y aplicarlos con eficiencia a los fines del Estado.

Centralización normativa

Principio organizativo que encomienda a un órgano rector específico el dictado de las políticas, normativas técnicas y procedimientos comunes obligatorios para el funcionamiento de un subsistema financiero.

Descentralización operativa

Principio que atribuye a las distintas unidades y servicios administrativos periféricos la facultad de gestionar y aplicar de manera directa los procesos operativos en el marco normativo centralizado.

Planificación pública

Método racional de adopción de decisiones sociales en el cual se formulan cursos alternativos de acción para anticipar el futuro y alcanzar metas comunitarias con los recursos disponibles.

Presupuesto público

Plan financiero preventivo con fuerza de ley que fija las autorizaciones máximas de gastos puestas a cargo del tesoro y estima los recursos previstos para financiarlos durante un ejercicio anual.

Principio de universalidad presupuestaria

Regla técnica que impone registrar todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio por sus montos íntegros y separados, prohibiendo las compensaciones recíprocas entre partidas.

Principio de exclusividad presupuestaria

Disposición que restringe el contenido de la ley de presupuesto estrictamente a previsiones financieras y materias presupuestarias, prohibiendo incorporar normas de contenido permanente o ajeno.

Clasificadores presupuestarios

Instrumentos normativos que agrupan y sistematizan homogéneamente los recursos y gastos bajo criterios institucionales, económicos, geográficos, funcionales o por objeto para facilitar la gestión y el análisis.

Presupuesto por programas

Técnica de presupuestación que define centros de asignación de recursos estructurados en categorías jerárquicas (programa, subprograma, actividad, proyecto y obra) para medir la producción y los resultados de las políticas.

Compromiso (etapa del gasto)

Acto administrativo emanado de autoridad competente que genera una relación jurídica con terceros con cargo a un crédito presupuestario, determinando su afectación previa a la obligación definitiva de pago.

Devengado (etapa del gasto)

Momento en que se perfecciona la obligación formal de pago por haberse recibido de conformidad un bien, servicio o cumplido el requisito de un gasto sin contraprestación, afectando definitivamente el crédito presupuestario.

Devengado (etapa del recurso)

Instancia jurídica en la que se origina un derecho fehaciente de cobro en favor del ente estatal y, en forma correlativa, una obligación de pago exigible a cargo de una persona física o jurídica.

Presupuesto consolidado del sector público

Documento elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto que unifica las transacciones del sector público eliminando transferencias inter e intrasectoriales para exponer el impacto neto sobre la economía.

Sistema de contabilidad gubernamental

Conjunto articulado de principios, normas, órganos y procedimientos técnicos orientados a recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que alteran o pueden alterar el patrimonio estatal.

Matriz de conversión contable

Instrumento automatizado que vincula las etapas presupuestarias con el plan de cuentas general, transformando transacciones financieras de gastos y recursos en asientos por partida doble.

Cuenta de inversión

Documento anual elaborado por la Contaduría General de la Nación para rendir cuentas ante el Congreso sobre la ejecución presupuestaria, financiera, patrimonial y el cumplimiento de metas físicas del ejercicio.

Sistema de tesorería

Subsistema regulado por la Ley 24156 integrado por órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de ingresos, la materialización de los pagos y la custodia de los fondos públicos.

Cuenta Única del Tesoro (CUT)

Herramienta que centraliza todos los fondos del Estado en una cuenta bancaria oficial operada por la Tesorería General, sustituyendo cuentas bancarias individuales por cuentas escriturales de registro.

Crédito público

Aptitud jurídica, económica y financiera del Estado para captar medios de financiamiento mediante deuda con destino a inversiones productivas, refinanciación de pasivos o emergencias nacionales.

Deuda pública

Conjunto de compromisos financieros contractuales directos o indirectos asumidos por el Estado mediante títulos, bonos, préstamos o garantías cuyo plazo de vencimiento excede el ejercicio financiero vigente.

Licitación pública

Procedimiento de selección de contratistas abierto a una cantidad indeterminada de oferentes, obligatorio cuando el monto supera los límites fijados por la reglamentación y prima el criterio económico.

Contratación directa

Modalidad reglada y excepcional de selección que habilita a la Administración a adquirir bienes o servicios sin licitación previa en casos de urgencia objetiva, montos menores o exclusividad probada.

Catalogación de bienes

Proceso sistemático de ordenamiento, descripción y nomenclatura uniforme de los bienes muebles que integran el patrimonio público, facilitando el inventario, control y los procedimientos de compra.

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)

Régimen instituido por la Ley 24354 para formular, evaluar técnicamente y coordinar de manera plurianual las decisiones y proyectos de inversión pública en función de su rentabilidad socioeconómica.

Sindicatura General de la Nación (SIGEN)

Órgano normativo, coordinador y supervisor del sistema de control interno dependiente del Poder Ejecutivo, que ejerce auditorías integrales fundadas en criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Auditoría General de la Nación (AGN)

Ente de control externo gubernamental con autonomía funcional y rango constitucional que asiste técnicamente al Congreso de la Nación en la fiscalización posterior de la gestión pública.

Tribunal de Cuentas

Organismo de control externo posterior predominante en las provincias argentinas, dotado de atribuciones jurisdiccionales y administrativas para juzgar cuentas, aplicar multas y formular cargos patrimoniales.

Responsabilidad civil de los funcionarios

Obligación de naturaleza patrimonial y carácter jurisdiccional que constriñe al agente a reparar el daño económico provocado a la hacienda o a terceros por actos u omisiones irregulares en sus funciones.

Responsabilidad política

Obligación constitucional exigible a las máximas autoridades del Estado por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones, sustanciada mediante el proceso de juicio político ante el Congreso.

Rendición de cuentas

Obligación institucional de los funcionarios públicos consistente en informar y justificar sus decisiones ante la ciudadanía y los órganos de control, asumiendo las sanciones previstas en caso de incumplimiento.