Constitución Española de 1978

Fichas de vocabulario jurídico y conceptual basadas en el texto oficial y consolidado de la Constitución Española de 1978.

Valores superiores del ordenamiento jurídico

La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, propugnados por el Estado social y democrático de Derecho en el artículo 1.1.

Monarquía parlamentaria

Forma política del Estado español según lo establecido formalmente en el artículo 1.3.

Fuerzas Armadas

Institución constituida por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, cuya misión es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8.1).

Principio de legalidad y seguridad jurídica

Principios garantizados por la Constitución junto a la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3).

Mayoría de edad

Estado legal que los españoles alcanzan formalmente al cumplir los dieciocho años (art. 12).

Detención preventiva

Medida cautelar que no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y que cuenta con un plazo máximo improrrogable de setenta y dos horas para la puesta en libertad o a disposición judicial del detenido (art. 17.2).

Habeas corpus

Procedimiento regulado por ley para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona que haya sido detenida ilegalmente (art. 17.4).

Inviolabilidad del domicilio

Garantía según la cual ninguna entrada o registro puede practicarse en un domicilio sin el consentimiento de su titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito (art. 18.2).

Tribunales de Honor

Órganos expresamente prohibidos en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales (art. 26).

Libertad sindical

Derecho fundamental que comprende fundar sindicatos, afiliarse al de libre elección, formar confederaciones y crear u organizarse en entidades sindicales internacionales, sin que nadie pueda ser forzado a afiliarse (art. 28.1).

Defensor del Pueblo

Alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para velar por los derechos comprendidos en el Título I, facultado para supervisar las actuaciones de la Administración pública (art. 54).

Refrendo de los actos del Rey

Trámite preceptivo formal realizado por el Presidente del Gobierno, los Ministros competentes o el Presidente del Congreso, que otorga validez jurídica a las decisiones y actos regios, trasladando a los refrendantes la responsabilidad de los mismos (arts. 56.3 y 64).

Regencia

Institución ejercida en nombre del Rey por mandato constitucional cuando el monarca fuere menor de edad o quedare inhabilitado para el ejercicio de su autoridad ante reconocimiento de las Cortes Generales (art. 59).

Mandato imperativo

Vínculo de sumisión de voto que la Constitución prohíbe taxativamente para los Diputados y Senadores de las Cortes Generales (art. 67.2).

Diputación Permanente

Órgano parlamentario compuesto por un mínimo de veintiún miembros en cada Cámara que asume funciones constitucionales cuando las Cámaras no están reunidas, están disueltas o ha expirado su mandato (art. 78).

Leyes orgánicas

Normas que desarrollan los derechos fundamentales y las libertades públicas, aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y cuya aprobación, modificación o derogación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81).

Decretos Legislativos

Disposiciones con fuerza de ley dictadas por el Gobierno a través de una delegación previa de las Cortes Generales mediante leyes de bases o leyes ordinarias para refundir textos (arts. 82 y 85).

Decretos-leyes

Disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede aprobar en casos de extraordinaria y urgente necesidad, las cuales no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen autonómico ni derecho electoral, debiendo ser debatidas y convalidadas por el Congreso en treinta días (art. 86).

Iniciativa popular

Mecanismo para presentar proposiciones de ley regulado por ley orgánica que exige un mínimo de 500.000 firmas acreditadas y excluye materias propias de ley orgánica, tributarias, internacionales o la prerrogativa de gracia (art. 87.3).

Consejo de Estado

Supremo órgano consultivo del Gobierno regulado en su composición y competencia a través de una ley orgánica (art. 107).

Cuestión de confianza

Instrumento parlamentario que el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantea ante el Congreso de los Diputados sobre su programa o una declaración de política general, otorgándose por mayoría simple (art. 112).

Moción de censura

Procedimiento mediante el cual el Congreso exige responsabilidad política al Gobierno, requiriendo ser propuesta por al menos la décima parte de los Diputados, incluyendo un candidato a Presidente, y exigiendo mayoría absoluta para su adopción tras un periodo mínimo de cinco días desde su presentación (art. 113).

Estado de alarma

Situación excepcional declarada por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, requiriendo autorización del Congreso de los Diputados para prorrogarse (art. 116.2).

Consejo General del Poder Judicial

Órgano de gobierno del Poder Judicial, integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un mandato de cinco años (art. 122).

Ministerio Fiscal

Institución que promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés tutelado, actuando mediante órganos propios bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica con sujeción a la legalidad e imparcialidad (art. 124).

Tribunal de Cuentas

Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, que depende directamente de las Cortes Generales (art. 136).

Estatuto de Autonomía

Norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1).

Leyes de armonización

Normas dictadas por el Estado para establecer principios comunes a las disposiciones de las Comunidades Autónomas en materias transferidas cuando así lo exija el interés general, apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara parlamentaria (art. 150.3).

Delegado del Gobierno

Representante nombrado por el Gobierno de España que dirige la Administración del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma y la coordina con la administración autonómica propia (art. 154).

Fondo de Compensación

Fondo constituido con destino a gastos de inversión cuyos recursos son distribuidos por las Cortes Generales para corregir desequilibrios económicos y plasmar la solidaridad interterritorial (art. 158.2).

Tribunal Constitucional

Órgano jurisdiccional independiente integrado por 12 miembros nombrados por el Rey por un período de nueve años con renovación trienal por tercios, competente para resolver recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo y conflictos de competencia (arts. 159 y 161).

Recurso de amparo

Instrumento judicial ante el Tribunal Constitucional para tutelar las violaciones de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14, la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I y la objeción de conciencia del artículo 30 (arts. 53.2 y 161.1.b).

Cuestión de inconstitucionalidad

Vía procesal mediante la cual un órgano judicial eleva al Tribunal Constitucional las dudas sobre la validez de una norma con rango de ley aplicable a un caso y de cuyo pronunciamiento dependa el fallo (art. 163).

Revisión constitucional agravada

Procedimiento de reforma que afecta a la totalidad de la Constitución, al Título Preliminar, a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I, o al Título II, exigiendo aprobación del principio por dos tercios de cada Cámara, disolución de Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación por dos tercios y referéndum preceptivo (art. 168).