1 Oral

Apartado 1 del art. 31 bis CP

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

1. De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

2. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Apartado 2 del art. 31 bis CP:

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1. el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2. la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3. los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4. no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

Apartado 3 art. 31 bis CP

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Apartado 4 art. 31 bis CP

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

Apartado 5 art. 31 bis CP

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6. Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Apartado 1 del art. 31 ter CP

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

Apartado 2 del art. 31 ter CP

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.

Art. 31 quater CP

1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

1. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

2. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

3. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

4. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Art. 31 quinquies

1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

Apartado 7 del art. 33 CP

las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

1. Multa por cuotas o proporcional.

2. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Art. 66 bis CP

En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1 a 4 y 6 a 8 del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:

1.ª En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:

a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.

c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control.

2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.

Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

a) Que la persona jurídica sea reincidente.

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una duración máxima de dos años.

Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del apartado 1 del artículo 66.

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.

RC de las PJ

Conforme a este precepto, la PJ responderá civilmente de la restitución, reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, exactamente igual que la persona física. La previsión de solidaridad con las personas físicas es consecuencia necesaria del principio general de la solidaridad de la RC derivada del delito. No obstante, es censurable el uso de la expresión “condenadas” que puede resultar equívoco, ya que hay supuestos de irresponsabilidad penal que no excluyen la responsabilidad civil, de conformidad con el art. 118.

La responsabilidad civil subsidiaria de las PJ a que se refiere el art. 120 CP quedará reservada a los supuestos no contemplados en el art. 31 bis, esto es, a los actos del personal subordinado que han actuado pese al adecuado control de la PJ o cuando la infracción de tales deberes de supervisión, vigilancia y control no hay sido grave, así como a los actos no realizados en “beneficio directo o indirecto” de la PJ.

Finalmente, cabe destacar que los denominados compliance programs no afectan a la RC de las PJ.

Referencias doctrinales a la responsabilidad penal PJ

En el ámbito internacional, diversos organismos e instituciones vienen abogando en los últimos años por dar una respuesta directa a la evidente peligrosidad de las PJ introduciendo esta previsión en diferentes convenios, recomendaciones y decisiones.

Paralelamente, ha ido calando en la doctrina la evidencia de que la PJ es hoy la estructura que interviene de forma casi generalizada en el tráfico jurídico y económico, con el consiguiente protagonismo en la delincuencia económica, lo que ha llevado a reconocer la existencia, junto a la criminalidad en la empresas, de una verdadera criminalidad de las empresas (término acuñado por Schünemann). La capacidad real de dominio de las grandes empresas, desde luego en la vida económica, pero también en la social y política, es cada día mayor lo que ha extendido la opinión de que la exclusiva punición del individuo no hace desaparecer la peligrosidad del ente colectivo ni protege correctamente a los bienes jurídicos en riesgo. Por otra parte, existe una creciente dificultad a la hora de determinar las responsabilidades individuales en el ámbito societario, bien por la existencia de infraestructuras creadas con el fin de eludir la responsabilidad individual frente a determinados delitos, bien por la propia naturaleza de la actividad empresarial.

Sistemas atribución RP de las PJ

Estas razones político-criminales refuerzan las construcciones doctrinales que fundamentan la responsabilidad de la PJ. La cuestión clave es determinar sobre qué bases se hace responder a la PJ, ante lo que, en principio, existen dos formas de atribución de responsabilidad:

• Sistema de imputación propio para la PJ: con nuevos conceptos de acción, autoría, culpabilidad, circunstancias modificativas de la responsabilidad y punibilidad.

• Otro sistema en el que se atribuye responsabilidad a la PJ entendiendo que esta se manifiesta a través de la actuación de una PF que la compromete, siempre que se evidencie un hecho de conexión, pues de otro modo, la responsabilidad de la PJ devendría inconstitucionalmente objetiva.

De otra manera, debe determinarse si se trata de una responsabilidad directa o autónoma de la PJ o una responsabilidad indirecta (por transferencia o vicarial de la misma). En el primer modelo, deberá establecerse la existencia de un dolo o culpa de la propia PJ. Conforme a esta tesis, la PJ se convierte en culpable cuando omite la adopción de medidas de precaución que le son exigibles. En el segundo modelo, por su parte, la dificultad radica en determinar quién puede comprometer su actuación.

Controversia RP de las PJ

La controversia en torno a la atribución de la responsabilidad penal de las PJ no es en absoluto reciente, pero sí se ha visto acentuada en los últimos años, ligada al avance de la criminalidad empresarial en el marco de la delincuencia económica. En el Derecho penal moderno, fueron civilistas quienes primero defendieron la tesis afirmativa, frente al principio tenido por fundamental, de societas delinquere non potest, cuya postura (con diversos argumentos) fue adoptada por Von Listz. La tesis de la responsabilidad fue acogida en el II Congreso Internacional de Derecho Penal (celebrado en Bucarest, 1929).

Concepto de PJ en el CP

El CP no define PJ, concepto más amplio que el de sociedad al que se refiere el art. 297 (limitado además al capítulo de los delitos societarios del Título XIII). Así pues, será preciso acudir a los arts. 35 CC y 116 CCom para conocer cuáles son las PJ privadas de derecho civil y mercantil. Además, las PJ de Derecho Público también podrán ser responsables penalmente, para lo cual deberemos atender a las correspondientes normas administrativas.

En cuanto a su responsabilidad penal en España, podemos destacar que el Proyecto de Código de 1884 ya contemplaba la posible suspensión o disolución de la sociedad o empresa por medio de la cual se hubiera cometido el delito. No obstante, la doctrina mayoritaria se resistió a aceptarla, de modo que la respuesta del CP a la criminalidad de la PJ se concretaba en los arts. 31 (actuación en representación de otro), 120 y 212 (responsabilidad civil subsidiaria y solidaria) y el 129 (consecuencias accesorias). Tal situación legislativa se mantuvo hasta la reforma operada por la LO 5/2010, que incorporó la responsabilidad penal de las PJ, liquidando en nuestro Derecho con el principio de societas delinquere non potest, fruto tanto del incesante proceso de armonización del Derecho penal, como de un creciente apoyo doctrinal.

La Protección de los DF en la UE

Los Tratados constitutivos de la UE no contenían en su redacción originaria ninguna norma en materia de DF debido a la prioridad concedida al establecimiento de un mercado común. En este sentido, la incorporación de los derechos fundamentales al DUE es una construcción jurisprudencial del TJUE basada en tres sentencias fundacionales que vertebran su doctrina posterior:

• STJUE Caso Stauder de 1969 señaló que la protección de los derechos fundamentales de la persona forma parte de los principios generales del DUE, y que ninguna normativa comunitaria puede vulnerarlos, incluso si no están explícitamente en los Tratados.

• STJUE Caso Handelsgesellschaft de 1970 señaló que la protección de los derechos fundamentales se basa en los principios constitucionales comunes de los Estados miembros.

• STJUE Caso Nold de 1974 señaló que los tratados internacionales sobre derechos humanos en que los EM son parte y, especialmente, el CEDH deben tenerse en cuenta en la interpretación y aplicación del DUE.

Art. 6 TUE

1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones.

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados.

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los eque son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.

explicación art. 6 TUE

En relación con este precepto, hay que señalar que el mismo no incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales a los Tratados constitutivos pero la reconoce y le atribuye su mismo valor jurídico. De este modo, la Carta de los Derechos Fundamentales se convierte en Derecho originario con lo que pasa a situarse en la cúspide del ordenamiento de la UE y a servir como parámetro de validez de sus demás normas, de los actos de sus instituciones y de los actos de los Estados miembros cuando aplican el DUE.

Además, conviene recordar que una de las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa es la atribución de personalidad jurídica internacional a la Unión Europea que se traduce en la posibilidad de concluir tratados internacionales por sí misma. En este sentido, el mandato de adhesión establecido en el art. 6 dio lugar al Informe final sobre la adhesión de la Unión Europea al CEDH de 2014 pero la adhesión no llegó a producirse a raíz de a las objeciones del Dictamen del TJUE de 18 de diciembre de 2014. De este modo, el CEDH no es un instrumento jurídico integrado formalmente en el DUE sin perjuicio del valor derivado de la consideración de sus derechos como principios generales.

Carta DF UE

La Carta fue proclamada el 7 de diciembre de 2000. No obstante, la reforma del art. 6 introducida por el Tratado de Lisboa supone un salto cualitativo al superar el carácter meramente político y no vinculante con que la Carta fue considerada inicialmente y dotarla de eficacia jurídica plena. Así, el texto vigente fue proclamado el 12 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Estructura y contenido de la Carta de DF UE

La estructura de la Carta consta de un preámbulo y 54 artículos cuyo contenido tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica en la UE al reunir en un único documento los derechos reconocidos previamente en instrumentos europeos, nacionales e internacionales. Así estos se distribuyen en 7 capítulos:

• Cap. I: dignidad humana. Consagra derechos como la dignidad humana, la vida, la integridad personal, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes y la prohibición de la esclavitud, los trabajos forzados y la trata de blancas.

• Cap. II: libertades. Consagra derechos como la libertad y la seguridad, la vida privada y familiar, la protección de datos de carácter personal, el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, las libertades de pensamiento, conciencia y religión y las libertades de expresión e información, entre otras.

• Cap. III: igualdad. Consagra los derechos a la igualdad ante la ley; a la no discriminación; a la diversidad cultural, religiosa y lingüística; a la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos del niño, las personas mayores y los discapacitados.

• Cap. IV: solidaridad. Consagra derechos como el derecho a la negociación y a la acción colectiva, a condiciones de trabajo justas y equitativas, a la protección de la salud, a la protección del medio ambiente y a la protección de los consumidores, entre otros.

• Cap. V: ciudadanía. Consagra los derechos integrantes del estatus de la ciudadanía europea como la libertad de circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, el derecho a ser protegido por las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, el derecho de petición al Parlamento Europeo y el derecho al recurso al Defensor del Pueblo Europeo, entre otros.

• Cap. VI: justicia. Consagra derechos como la tutela judicial efectiva y al Juez imparcial, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción y el derecho a los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y penas.

• Cap. VII: disposiciones generales para la interpretación y aplicación de la Carta a las que nos referimos a continuación.

Ámbito de aplicación personal de la Carta DF UE

El ámbito de aplicación personal de la Carta es potencialmente muy amplio. La mayoría de derechos se conceden a toda persona (independientemente de su nacionalidad o estatuto). No obstante, algunos derechos solo se conceden a los ciudadanos (como los del Cap. V) mientras que otros se refieren únicamente a nacionales de terceros estados (como el derecho de asilo).

ámbito de aplicación personal

Mientras que el ámbito de aplicación material de la Carta es una manifestación del principio de atribución de competencias del art. 5 TUE. Por su parte, el art. 51 Carta presenta una delimitación positiva y negativa:

1. Delimitación positiva al señalar que las disposiciones de la Carta se dirigen a las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, pero también a los Estados miembros cuando apliquen el DUE.

2. Delimitación negativa al disponer que la Carta no amplía el ámbito de aplicación del DUE ni crea ninguna competencia nueva para ésta ni modifica las competencias previstos en los Tratados constitutivos.

Alcance de los DF Carta DF UE

El art. 52 Carta establece una distinción entre derechos y principios pero no especifica los preceptos que contienen unos u otros. En efecto, se establece que las disposiciones de la Carta que contengan principios podrán aplicarse por actos legislativos y ejecutivos de las instituciones, de los órganos y de los organismos de la Unión y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión Europea. No obstante, estas disposiciones sólo podrán alegarse ante un órgano judicial en lo relativo a la interpretación y control de legalidad de aquellos actos.

De este modo, el alcance de los derechos y principios puede resumirse del siguiente modo:

• Por un lado, los derechos pueden invocarse ante los Tribunales frente a la Unión Europea o los Estados miembros para obligarles a realizar una conducta o a abstenerse de ella sin necesidad de un desarrollo legislativo posterior.

• Por otro lado, los principios cumplen una función interpretativa del DUE y los Derechos internos de los Estados miembros cuando aplican el DUE.

Limitaciones a los derechos y libertades de la Carta DF UE

el art. 52 dispone que cualquier limitación de éstos deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Ser establecida por la ley.

• Respetar el contenido esencial del derecho o libertad de que se trate.

• Respetar el principio de proporcionalidad.

• Responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión Europea o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

Interpretación de los derechos y principios Carta DF UE

se plantea la cuestión de determinar cuáles sean los criterios interpretativos aplicables a los derechos y libertades consagrados en la Carta en caso de corresponderse con derechos consagrados en otros instrumentos jurídicos.

En estes sentido, el art. 52 distingue tres tipos de derechos:

• Derechos correspondientes a disposiciones de los Tratados constitutivos en cuyo caso el derecho se ejercerá en las condiciones y dentro de los límites establecidos en aquéllos.

• Derechos correspondientes a derechos garantizados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuyo caso su sentido y alcance serán iguales a los que el Convenio les reconozca a menos que el Derecho de la Unión Europea les conceda una protección más extensa.

• Derechos resultantes de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros que se interpretarán en armonía con estas tradiciones.

Por otra parte, el art. 52 establece dos normas interpretativas adicionales:

• Por un lado, las legislaciones y las prácticas nacionales se tendrán plenamente en cuenta en la interpretación de los derechos fundamentales conforme a lo establecido en la Carta.

• Por otro lado, las Explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la Carta serán tenidas en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y de los Estados miembros.

Nivel de protección de los DF en ámbito de la UE

Cuando un juez nacional conoce de un asunto relacionado con los DF deberá tener en cuenta múltiples instrumentos, especialmente, la Carta de DF UE, el CEDH y su propia constitución. De este modo, se plantea la cuestión de determinar cuál sea el estándar de protección que debe prevalecer cuando un DF esté reconocido con distinta intensidad en varios de estos instrumentos.

Así, el art. 53 de la Carta establece una cláusula de nivel mínimo al disponer que ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el DUE, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el CEDH, así como por las constituciones de los Estados miembros.

Así, la protección de los derechos fundamentales en Europa se estructura en tres ámbitos de protección: el mecanismo del art. 7 TUE para la suspensión de los derechos de los EM, la protección judicial y la protección extrajudicial.

Protección judicial Carta DF UE

1. TJUE: dado que la Carta tiene el mismo valor que los Tratados, toda norma de la UE podrá ser anulada por el TJUE. De este modo existen dos vías para solicitar al Tribunal que examine la compatibilidad de una norma con la Carta: el recurso de anulación y la cuestión prejudicial.

2. Tribunales nacional: cuando el incumplimiento de los DF de la UE se deriva de una norma nacional, los órganos jurisdiccionales nacionales serán los responsables de proteger a los particulares. Así, en caso de conflicto de la Carta con la constitución nacional, el TJUE distingue dos tipos de situaciones:

3. TEDH: no se puede impedir que los nacionales de un EM acudan al TEDH denunciando la vulneración del Convenio por decisiones estatales que tenían en cuenta normas de la UE, lo que plantea problemas de relaciones interjurisdiccionales no resueltas. Así, en caso de conflicto de la Carta con el CEDH, la STEDH Caso Bosphorus de 2005 estableció una presunción de equivalencia entre los niveles de protección de la UE y el CEDH con la consecuencia de que el TEDH renuncia a controlar los actos de los Estados miembros cuando ejecuten actos de la Unión Europea de forma reglada.

Conflictos entre la Carta DF y las constituciones nacionales

• Situaciones en que el DUE impone a un EM la obligación de actuar pero concediéndole un margen de discrecionalidad como sucede con la transposición de directivas. En este sentido, la STJUE Akerberg Fransson de 2013 declaró que Juez nacional podrá elegir el nivel de protección de la Carta o de la constitución nacional. No obstante, se exceptúan dos supuestos como son que el nivel de protección de la Carta sea más elevado que el de la constitución nacional o que la aplicación de la constitución nacional afecte a la primacía, unidad y efectividad del DUE en cuyo caso prevalecerá el nivel de protección de la Carta.

• Situaciones en las que el DUE impone a un EM la obligación de actuar de forma reglada. En este sentido, la STJUE Melloni 2013 declaró que el Juez nacional sólo podrá elegir el nivel de protección de la Carta o de la constitución nacional cuando sean equivalentes y, en caso contrario, el Juez nacional deberá elegir el nivel de protección de la Carta aunque sea inferior al establecido en la constitución nacional.

Protección extrajudicial

La protección de los DFUE también puede conseguirse por procedimientos extrajudiciales cuando el incumplimiento sea imputable a las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Union. Como principales mecanismos cabe destacar:

1. Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) es el órgano independiente de la UE especializado en derechos fundamentales.

2. Reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo (el derecho de reclamación se consagra en el art. 44 Carta).

3. Reclamaracion ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

4. Petición al Parlamento Europeo (el derecho de petición se reconoce en el art. 44 Carta).

5. Reclamación ante la Comision Europea en caso de que la vulneración se atribuya a un EM al aplicar el DUE.

Explicaciones Carta DF UE

Las Explicaciones sobre la Carta es un texto publicado en el DOUE el 14 de diciembre de 2007. En relación con ellas,  ya hemos señalado el art. 6 TUE y el art. 52 de la Carta que consagran su función interpretativa, pero además debemos tener en cuenta que se

• Se trata de parámetros hermenéuticos obligatorios a través de las cuales se expresa la voluntas legislatoris y se precisa el origen de cada uno de los artículos de la Carta especificando si provienen de los Tratados constitutivos, del CEDH o de las tradiciones constitucionales comunes.

• Se trata de cláusulas limitadoras de la interpretación judicial a través de las cuales se trata de impedir una interpretación expansiva de los derechos consagrados en la Carta que contravenga la intención de sus redactores.

• Se trata de cláusulas diferenciadoras entre derechos y principios por lo que resultan relevantes para precisar su eficacia conforme a lo dispuesto en el art. 52. En este sentido, las Explicaciones contemplan como principios algunos preceptos relativos a los derechos de las personas mayores, la integración de las personas con discapacidad, la protección de la salud y la protección del medio ambiente, entre otros.

Art. 138 CE

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.A

Art. 139 CE

el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Arts. 144 CE

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

1. Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

2. Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

3. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Apartado 1 art. 150 CE

las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Apartado 2 art. 150 CE

el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

Apartado 3 art. 150 CE

el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Apartado 3 art. 149 CE

las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Art. 140 CE

la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Art. 141 CE

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Principios Estado Autonómico

• Principio de unidad (apartado 2 art. 138 y art. 139)

• Principio de autonomía. se trata de uno de los pilares del ordenamiento constitucional y supone el derecho de los entes territoriales a participar en el gobierno y administración de los asuntos que les conciernen.

  • Por otro lado, el TC ha declarado que la autonomía no equivale a la soberanía por lo que no es ilimitada ni puede contraponerse al principio de unidad.

• Principio de solidaridad (apartado 1 del art. 138)

Caracteres de las CCAA

1. Primero, se trata de entes públicos territoriales formados por una o varias provincias e investidos de personalidad jurídica propia.

2. Segundo, se trata de entes con capacidad de autogobierno y plena potestad legislativa en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las diferencias entre ellas a que nos referiremos más adelante.

3. Por último, se trata de entes no subordinados jerárquicamente al Estado, sino vinculados con él a través del sistema de distribución de competencias previsto en los arts. 148, 149 y 150 de la CE.

Procesos de formación CA

hay que señalar que la configuración actual del Estado Autonómico no aparece prevista en la CE ya que se limita a establecer una serie de cauces para el acceso a la autonomía y un conjunto de reglas especiales.

1. Vía ordinaria del artículo 143: se insta a iniciativa de provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, así como por los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa se aprueba por las diputaciones o el órgano interinsular correspondiente. Fue la vía mayoritariamente seguida, y dio lugar a las denominadas comunidades autónomas de autonomía gradual.

2. Vía privilegiada del artículo 151: exige el acuerdo de las diputaciones u órganos interinsulares correspondientes y de las 3/4 partes de los municipios de las provincias afectadas, y que la iniciativa sea aprobada por referéndum en cada provincia. Fue seguida por Andalucía.

3. Vía rápida y privilegiada de la DT 2.ª: está prevista para los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía. Estas comunidades pudieron acceder directamente a la autonomía por acuerdo de sus órganos preautonómicos. Fue el caso de Cataluña, País Vasco y Galicia. Estas tres y Andalucía dieron lugar a las llamadas comunidades de autonomía plena.

4. Vía excepcional del artículo 144.

5. Por su parte, la DT 4º prevé la posible incorporación de Navarra al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya por un procedimiento específico que exige la ratificación de la iniciativa en referéndum aprobado por mayoría de los votos.

6. Finalmente, DT 5º prevé que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y si así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una LO.

La iniciativa autonómica culmina en todos los casos con la aprobación del correspondiente proyecto de estatuto de autonomía, que será remitido a las Cortes Generales, que lo aprobarán, en su caso, por LO, que, según el artículo 147, constituye la norma institucional básica de la comunidad autónoma. Con su aprobación tiene lugar la creación de la comunidad autónoma.

Competencias estatales

1. En primer lugar, materias de competencia exclusiva y excluyente del Estado, como son nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; relaciones internacionales; defensa y Fuerzas Armadas; régimen aduanero, arancelario y de comercio exterior; sistema monetario; coordinación de la planificación económica general; estadística con fines estatales y autorización a la convocatoria de referéndum.

2. En segundo lugar, materias en las que el Estado se reserva la legislación básica y las Comunidades Autónomas pueden llevar a cabo una legislación de desarrollo, como son las bases de las obligaciones contractuales, las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios y la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

3. En tercer lugar, materias sobre las que el Estado se reserva la competencia legislativa y las Comunidades Autónomas pueden ejercer una competencia de ejecución, como la propiedad intelectual e industrial, pesas y medidas y productos farmacéuticos.

4. Por último, materias de competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como la Administración de Justicia, Hacienda General o seguridad pública.

Competencias autonómicas

cabe distinguir según se trate de Comunidades de autonomía plena o de autonomía gradual:

I. En cuanto a las Comunidades de autonomía gradual, éstas podrían asumir inicialmente las competencias previstas en el apartado 1 del art. 148 (agricultura y ganadería o la sanidad y la higiene).

• No obstante, el el apartado 2 del art. 148 dispone que transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus Estatutos, estas Comunidades Autónomas podrán ampliar sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

• Del mismo modo, también se prevé la ampliación por la vía de la transferencia y delegación de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal en los términos que señalaremos más adelante.

II. En cuanto a las Comunidades de autonomía plena, éstas podrían asumir inicialmente las competencias previstas en el apartado 1 del art. 148, pero también las que pudieran deducirse del apartado 1 del art. 149, en los términos señalados, y todas las no atribuidas expresamente al Estado.

Organización institucional CA

Una de las características de la autonomía es que confiere la potestad de autoorganización. El art. 152 dispone que la organización institucional autonómica se basará:

1. Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio;

2. Consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas

3. Presidente, elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del consejo de gobierno serán políticamente responsables ante la asamblea.

4. TSJ, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. (importante: TSJ no son órganos autonómicos, sino estatales).

Órganos legislativos CA

el art. 152 se limita a disponer que sus miembros serán elegidos por sufragio universal y conforme a un sistema de representación proporcional. Y si bien la CE no especifica de qué tipo pueden ser, todas las comunidades han creado asambleas unicamerales.

Por otro lado, esta regulación ha sido completada con los Estatutos de Autonomía, que regulan la composición de las Asambleas Legislativas, el estatuto de sus miembros y sus funciones.

Por otro lado, las funciones de estos órganos legislativos incluyen las siguientes:

1. Primero, el ejercicio de la potestad legislativa en las materias de su competencia.

2. Segundo, la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

3. Tercero, la elección del Presidente del Consejo de Gobierno y el control de la acción de los miembros de este último.

4. Cuarto, la iniciativa legislativa en los términos del apartado 2 del art. 87.

5. Quinto, la designación de Senadores en representación de la Comunidad Autónoma en los términos del apartado 5 del art. 69.

6. Por último, la interposición del recurso de inconstitucionalidad conforme art. 162.

Además, como órganos de control vinculados a las asambleas, cabe destacar que las comunidades también han creado, con variadas denominaciones, órganos análogos al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

Órganos ejecutivos

éstos incluyen el Presidente de la Comunidad Autónoma y el Consejo de Gobierno, cuyas funciones vienen recogidas en los Estatutos de Autonomía.

• En este sentido, el Presidente de la Comunidad autónoma ejerce funciones como la dirección del Consejo de Gobierno, el nombramiento y separación de sus miembros, la disolución de la Asamblea y la representación suprema de la comunidad y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.

• Por otra parte, el Consejo de Gobierno ejerce funciones ejecutivas y administrativas como la potestad reglamentaria en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma y está legitimado para la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

• Finalmente, el Presidente y los miembros del Consejo responden de su gestión política ante la Asamblea Legislativa, que podrá exigir su responsabilidad política a través de mecanismos análogos a los previstos para las Cortes Generales en la Constitución.

Especialidades Ceuta y Melilla (formación CA)

siguientes especialidades:

• En primer lugar, se prevé la existencia de una Asamblea, elegida por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, si bien los miembros de la misma tendrán la consideración de Concejales y sólo podrán dictar normas de rango inferior a la ley.

• En segundo lugar, también se prevé la existencia de un Presidente de la Ciudad, que tendrá la consideración de Alcalde y será nombrado por el Rey.

• Por último, no se prevé la existencia de un Tribunal Superior de Justicia.

Garantías de la autonomía local

• En primer lugar, el art. 75 bis LOTC dispone que podrá interponerse conflicto en defensa de la autonomía local contra las leyes o disposiciones normativas con rango de ley del Estado o las CCAA que lesionen la autonomía local garantizada en la CE.

• En segundo lugar, el art. 63 de la Ley de Bases del Régimen Local dispone que los Entes Locales podrán impugnar las decisiones y actos de las Administraciones del Estado o de las CCAA que lesionen su autonomía garantizada por la CE y por la propia Ley.

Evolución histórica partidos políticos

En cuanto a su evolución histórica en España, hay que señalar que la primera regulación constitucional de los partidos ha tenido lugar en la Constitución de 1978, si bien el derecho de asociación venía reconociéndose desde la Constitución de 1869. Por otro lado, el régimen jurídico actual viene recogido en la LO 6/2002 de Partidos Políticos y la LO 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos.

Concepto partidos políticos

la STC 48/2003, de 12 de marzo, les atribuye las siguientes características:

1. En primer lugar, se trata de personas jurídicas privadas de base asociativa, y se diferencian de otros entes como los sindicatos de trabajadores y grupos de presión.

2. En segundo lugar, se trata de órganos con relevancia constitucional, a los que el art. 6 CE encomienda las misiones de expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento de participación política.

3. En tercer lugar, se trata de órganos que canalizan su actividad mediante la presentación de programas políticos y listas de candidatos en las elecciones para cargos públicos.

4. Por último la jurisprudencia del TC ha declarado que el mandato electoral se entiende conferido a los representantes elegidos y sin que su permanencia pueda depender de la voluntad del partido político.

Formación partidos políticos

Pasando a ocuparnos de la formación de los partidos políticos, el art. 1 de la LO de Partidos Políticos dispone que los ciudadanos de la Unión Europea podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente LO. De este modo, la filiación a un partido es libre y voluntaria por lo que nadie estará obligado a constituir un partido político ni a integrarse ni permanecer en él. Por su parte, los partidos políticos podrán constituir federaciones, confederaciones y uniones de partidos, previo acuerdo de sus órganos competentes y con el cumplimiento de los requisitos de la ley.

Capacidad para constituir partido político

el apartado 1 del art. 2 dispone que los promotores deberán ser personas físicas, mayores de edad y en pleno uso de sus derechos políticos. Sin embargo, no podrán constituir partidos políticos los condenados por delito de asociación ilícita o por alguno de los delitos graves de los Títulos XXI a XXIV CP, salvo que hayan sido judicialmente rehabilitados.

Por el contrario, debemos recordar que, conforme al apartado 1 del art. 127 CE jueces, magistrados y fiscales en activo no podrán pertenecer a partidos políticos.

Constitución partidos politicos

exigirá la concurrencia de dos elementos, como son el acta fundacional y la inscripción registral.

• En cuanto al acta fundacional, el apartado 1 del art. 3 dispone que ésta deberá otorgarse en documento público, haciendo constar la identidad de los promotores, la denominación del partido, los integrantes de sus órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos.

• En cuanto al requisito de inscripción, el art. 4 dispone que ésta se hará en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, que procederá a la inscripción en el plazo de 20 días. Sin embargo, si transcurrido el citado plazo, no recayere resolución expresa, la inscripción se entenderá producida y el partido adquirirá personalidad jurídica.

• Finalmente, el art. 5 dispone que el plazo de inscripción quedará en suspenso si se advirtieren defectos formales en la documentación aportada en cuyo caso el Ministerio de Interior lo comunicará a los interesados para que procedan a la subsanación de los defectos advertidos. Del mismo modo, el plazo de inscripción quedará en suspenso si se advierten indicios racionales de ilicitud penal del partido que se pretende inscribir, en cuyo caso el Ministerio del Interior los comunicará al Ministerio Fiscal, que iniciará las acciones penales procedentes o devolverá la comunicación al Ministerio del Interior para que practique la inscripción en el plazo de 20 días.

Estatutos partidos políticos

el acta fundacional deberá incluir los estatutos del partido que se pretenda constituir.

En cuanto a su contenido, el apartado 2 del art. 3 dispone que los estatutos deberán contener una serie de menciones, como la denominación del partido, su ámbito de actuación, sus fines, los derechos y deberes de los afiliados, la composición y competencias de sus órganos directivos, el procedimiento para la elección de dichos órganos, que deberá garantizar la participación de todos los afiliados por sufragio libre y secreto, y los procedimientos de control democrático de los dirigentes electos.

En este sentido, el apartado 4 del art. 8 LO Partidos Políticos regula los derechos de los afiliados entre los que podemos destacar el derecho a participar en la actividad del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos. Por su parte, el apartado 5 impone a los afiliados una serie de obligaciones como las de compartir las finalidades del partido y colaborar para su consecución.

Finalmente, la letra s) del apartado 2 del art. 3 dispone que los estatutos fijarán un régimen de infracciones y sanciones de los afiliados, que se impondrán por un procedimiento contradictorio y que incluirán en todo caso la suspensión cautelar automática de afiliación de los incursos en un proceso penal contra los que se hubiera dictado auto de apertura de juicio oral por delito relacionado con la corrupción, así como la sanción de expulsión para los condenados por alguno de estos delitos.

Organización partidos políticos

el apartado 2 del art. 7 dispone que los partidos políticos contarán con una asamblea general, que agrupará al conjunto de los afiliados directamente o por medio de compromisarios y que tiene por misión adoptar las decisiones fundamentales sobre la actividad del partido, incluyendo su posible disolución.

Funcionamiento partido politico

el apartado 4 del art. 7 dispone que los estatutos establecerán unas reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados del partido, incluyendo la regulación de su régimen de convocatoria, las reglas de deliberación que garanticen el contraste de pareceres y el sistema de adopción de acuerdos.

Financiación pública partidos políticos

1. En primer lugar, unas subvenciones públicas para gastos electorales previstas en la LOREG y en la legislación autonómica reguladora de las elecciones para Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. En segundo lugar, unas subvenciones anuales para gastos de funcionamiento ordinario conforme la legislación estatal y en la normativa autonómica o local. En este sentido, las primeras se otorgarán a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados en función del número de escaños y votos obtenidos en las últimas elecciones generales.

3. En tercer lugar, las subvenciones extraordinarias para campañas de propaganda previstas en la LO 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

4. Por último, las aportaciones recibidas de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o grupos de representantes en los órganos de la Administración Local.

Financiación privada partidos políticos

el art. 2 LO Financiación de los Partidos Políticos se refiere a los siguientes recursos:

1. Las cuotas y aportaciones de los afiliados.

2. Los productos de las actividades propias del partido y de aquéllas que vengan tradicionalmente realizándose en sus sedes y faciliten el contacto e interacción con los ciudadanos, siempre que queden sujetos al control del Tribunal de Cuentas.

3. Beneficios derivados de la gestión de su propio patrimonio o de las actividades promocionales y servicios prestados en relación con sus propios fines.

4. Donaciones en dinero o en especie con los límites previstos en la ley.

5. Fondos procedentes de los préstamos o créditos que suscribieren.

6. Herencias o legados que reciban.

Limitaciones a la financiación privada partidos políticos

1. Los partidos políticos no podrán recibir donaciones anónimas, finalistas o revocables (art. 5.1.a).

2. No podrán recibir donaciones de la misma persona por importe superior a 50.000 euros anuales, salvo que se trate de bienes inmuebles con los requisitos previstos en la ley. En este sentido, las donaciones de inmuebles o por importe superior a 25.000 euros deberán notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de 3 meses desde su aceptación (art. 5.1.b).

3. No podrán recibir donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica (art. 5.1.c).

4. No podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional, sean parte de un contrato vigente de los previstos en la legislación de contratos del sector público (art. 4.2.a).

5. Tampoco podrán aceptar ninguna forma de financiación de gobiernos, entidades o empresas públicas extranjeras relacionadas directa o indirectamente con aquéllos (art. 7.2).

6. Tampoco podrán aceptar directa o indirectamente, que terceras personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que genere su actividad (art. 4.3).

7. VII.Las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos (art. 4.4).

Control partidos politicos

Pasando a ocuparnos del control sobre los partidos, ya hemos señalado que el Ministerio del Interior podrá suspender el plazo de inscripción de los partidos en el registro correspondiente cuando advirtiere defectos formales o indicios de ilicitud penal del partido.

Por otro lado, el art. 16 LO Financiación de los Partidos Políticos dispone que corresponde al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los mismos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas previstos en sus respectivos estatutos.

Finalmente, conviene señalar que los partidos políticos están sujetos a responsabilidad penal en los términos previstos en los términos previstos en el art. 31 bis CP y ademas, la LO 1/2015 introdujo por primera vez en nuestro OJ el delito de financiación ilegal de partidos políticos creando a tal fin un nuevo Título XIII bis en el Libro II, que queda integrado por los nuevos arts. 304 bis y 304 ter.

Disolución partidos politicos

ésta puede producirse por decisión de sus miembros por las causas y procedimiento previstos en los estatutos o por resolución judicial.

• En este sentido, la disolución judicial podrá acordarse mediante sentencia condenatoria firme, en la que se imponga la pena de disolución del partido político, o por sentencia recaída en el procedimiento de disolución, regulado en la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

• Por otro lado, hay que señalar que estas vías judiciales son compatibles entre sí. No obstante, la vía penal podrá ser instada por cualquier persona mediante la interposición de la correspondiente denuncia o querella, mientras que el procedimiento especial de la Ley Orgánica de Partidos Políticos sólo podrá ser instado por los órganos legitimados al efecto.

Causas disolución judicial

el apartado 2 del art. 10 LO Partidos Políticos dispone que el órgano jurisdiccional competente acordará la disolución judicial de un partido en los siguientes casos:

1. Primero, cuando incurra en el delito de asociación ilícita previsto en el Código Penal.

2. Segundo, cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos.

3. Por último, cuando vulnere de forma reiterada y grave los principios democráticos o trate de deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar el sistema democrático a través de las conductas a que se refiere el art. 9.

Por otro lado, el apartado 2 del art. 9 se refiere a las siguientes conductas:

1. Primero, vulnerar sistemáticamente derechos y libertades fundamentales promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o integridad de las personas o la persecución de determinadas personas por razón de su ideología, religión, creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

2. Segundo, fomentar o legitimar la utilización de la violencia como método para obtener objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones necesarias para la democracia y el ejercicio de las libertades públicas.

3. Por último, complementar o apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas con el fin de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.

Procedimiento de disolución partidos políticos

debemos hacer referencia a la competencia, legitimación y sentencia

1. El art. 10 LO distingue dos supuestos:

• Tratándose de partidos que incurran en el delito de asociación ilícita, la competencia corresponderá al Juez competente en el orden jurisdiccional penal.

• En el resto de casos, la competencia corresponderá a la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el art. 61 LOPJ, integrada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

2. La legitimación, según el art. 11, corresponde al Gobierno y al Ministerio Fiscal. No obstante, el Congreso de los Diputados y el Senado podrán instar al Gobierno para que solicite la disolución de un partido en cuyo caso el Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, deberá formular la correspondiente solicitud.

3. La sentencia podrá declarar la disolución del partido o desestimar la demanda.

• En este sentido, la sentencia es inmediatamente ejecutiva y contra ella no podrá interponerse recurso alguno salvo de amparo ante el TC.

• Por otro lado, si la demanda fuere desestimada, solo podrá replantearse cuando se presenten nuevos elementos de hecho ante el Tribunal.

Jurisprudencia sobre disolución partidos politicos

Finalmente, cabe destacar que este procedimiento se aplicó en 2 ocasiones que dieron lugar a las STS 27 de marzo de 2003 y STS 22 de septiembre de 2008 y que declararon ilegales los partidos Batasuna, Herri Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. Por su parte la STEDH 30 junio de 2009 declaró la conformidad de la ilegalización de los dos primeros partidos al CEDH.

Efectos disolución partidos politicos

esta llevará consigo el cese inmediato de su actividad y la apertura de un procedimiento de liquidación de sus bienes y derechos que se efectuará por tres liquidadores designados por la propia Sala. Por su parte, el patrimonio resultante se destinará por el Tesoro Público a actividades de interés social y humanitario.

Art. 2 LOREG

1. El derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que no estén comprendidos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo siguiente.

2. Para su ejercicio es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente. (…)

Art. 3 LOREG

1. Carecen de derecho de sufragio los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. (No obstante, el Código Penal sólo contempla la privación del derecho de sufragio pasivo).

2. Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.

Art. 4 LOREG

1. El derecho de sufragio se ejerce personalmente en la sección en la que el elector se halle inscrito según el censo y en la Mesa Electoral que le corresponda (…)

2. Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones.

Art. 5 LOREG

nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar su voto.

Causas inelegibilidad LOREG

son elegibles los españoles mayores de edad que posean la cualidad de elector y no estén incursos en causa de inelegibilidad. En este sentido, las causas de inelegibilidad pueden catalogarse en los siguientes grupos:

• Causas de inelegibilidad relativas a la Jefatura del Estado que comprenden a las personas incluidas en el Registro Civil de la Familia Real y sus cónyuges.

• Causas de inelegibilidad de ciertos altos cargos del Estado que incluyen a los Presidentes del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas; a los Magistrados del Tribunal Constitucional; a los Vocales del Consejo General del Poder Judicial; a los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado; a los Consejeros del Tribunal de Cuentas; al Defensor del Pueblo y sus Adjuntos y al Fiscal General del Estado.

• Causas de inelegibilidad fundadas en deberes de neutralidad política que incluyen a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo; a los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo y los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales, entre otras personas.

Art. 6 LOREG

también son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad durante el tiempo de la pena así como los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado siempre que se imponga la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o suspensión para empleo o cargo público. Las causas de inelegibilidad lo serán también de incompatibilidad pero éstas se regirán por las normas propias de cada proceso electoral.

Elecciones al Parlamento Europeo

Tienen derecho tanto de sufragio activo como pasivo todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la UE y reúnan los requisitos para ser electores y elegidos exigidos para los españoles y sean titulares de este derecho en su EM de origen. Además, debemos destacar que está prohibido vota más de una vez en las mismas elecciones por lo que el ciudadano no español de la UE deberá optar previamente en este sentido para poder ejercer este derecho en España.

Elecciones locales

Conforme al art. 176 LOREG serán titulares de este derecho, además de los señalados en los casos anteriores, los nacionales de países que otorguen a los españoles el derecho de sufragio activo y pasivo en sus elecciones municipales en los términos de un Tratado cuando reúnan los requisitos.

Administración electoral

Según la STC 152/2024, la Administración Electoral es una Administración de garantía sobre la que se articula el sistema electoral para garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral. Así, el art. 8 LOREG establece los siguientes órganos:

Junta Electoral Central

El art. 9 LOREG dispone que se trata de un órgano permanente formado por 8 Magistrados del Tribunal Supremo, 5 Catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas y Sociología en activo y el Secretario General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretario. Por su parte, el Presidente será elegido por los vocales y el cargo deberá recaer en uno de los de procedencia judicial. Le corresponde la superior supervisión de todo el proceso electoral y el art. 19 le atribuye, entre otras, las siguientes funciones:

• La dirección y supervisión de la Oficina del Censo Electoral.

• Cursar instrucciones a las juntas electorales provinciales y de comunidad autónoma, resolver las consultas que le eleven, revocar sus decisiones o unificar sus criterios interpretativos.

• Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas que intervengan en las operaciones electorales con carácter oficial.

Junta Electoral Provincial

el art. 10 dispone que éstas tendrán su sede en las capitales de provincia y tienen por misión ejercer las mismas funciones que la Junta Electoral Central en relación con las Juntas Electorales de Zona de su respectivo territorio de acuerdo con los criterios emitidos por aquélla.

Junta Electoral de Zona

el art. 11 dispone que éstas tendrán su sede en la cabecera de cada partido judicial y tienen por misión garantizar la existencia de las urnas, cabinas, sobres y papeletas necesarios en cada Mesa Electoral.

Secciones y Mesas Electorales

el art. 23 dispone que cada circunscripción estará dividida en Secciones, en cada una de las cuales habrá una o más Mesas Electorales. Por su parte, los arts. 25 y 26 disponen que las Mesas estarán formadas por un Presidente y 2 Vocales, designados por sorteo entre las personas censadas en la correspondiente Sección, siempre que fueren menores de 70 años (si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días) y sepan leer y escribir. Por su parte, el Presidente deberá estar en posesión del título de Bachiller o Formación Profesional de Segundo Grado. La función de las mesas es la de efectuar la actividad relativa a la votación.

Art. 115 CE

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del art. 99.

Convocatoria de las elecciones

Distinguiremos según el ámbito de las elecciones.

1. Elecciones generales. El art. 115 CE dispone que

• En este sentido, si el Presidente del Gobierno hiciere uso de su facultad de disolución anticipada, el art. 42 LOREG dispone que el Decreto de convocatoria se publicará al día siguiente de su expedición en el BOE, haciendo constar la fecha de las elecciones, que tendrá lugar el día quincuagésimo cuarto después de la convocatoria.

• Por el contrario, si el Presidente del Gobierno no ejercitara la facultad de disolución de las Cámaras, el Decreto se expedirá el día vigésimo quinto anterior a la expiración de su mandato y se publicará al día siguiente en el BOE.

2. Elecciones autonómicas. Distinguimos dos supuestos:

• Por un lado, si el Presidente autonómico tuviera atribuida la facultad de disolución anticipada, se aplicarán las reglas previstas para las elecciones generales, según el Presidente del Consejo de Gobierno hiciera uso o no de esta facultad.

• Por otro lado, si el Presidente autonómico no tuviera atribuida dicha facultad, el decreto de convocatoria de las elecciones se expedirá el quincuagésimo quinto día anterior al cuarto domingo de mayo del año que corresponda y se publicará al día siguiente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, haciendo constar la fecha de las elecciones, que se celebrarán el cuarto domingo de mayo del año que corresponda.

3. Elecciones locales se llevaran a cabo en los términos previstos para las elecciones autonómicas cuando el Presidente autonómico no tuviera atribuida la facultad de disolución anticipada de las Asambleas Legislativas autonómicas.

Presentacion de candidatos

El art. 44 LOREG dispone que

• Sólo podrán presentar listas de candidatos los partidos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior y las coaliciones, federaciones de partidos y agrupaciones de electores que se constituyan para una elección y que reúnan los requisitos legales.

• Los partidos que formen coaliciones para concurrir a una elección deben comunicarlo a la Junta Electoral procedente en el plazo de diez días desde la convocatoria.

• Ningún partido, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de una lista en cada circunscripción.

• Ningún partido, federación o coalición o agrupación de electores podrá presentar candidaturas que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de un partido político suspendido o declarado ilegal y disuelto.

Por otra parte, el art. 44 bis dispone que las candidaturas para las elecciones al Congreso de los Diputados, Senado los municipios, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, el Parlamento Europeo, los Cabildos y Consejos insulares y las Juntas Generales de los Territorios Históricos Vascos deberán tener una composición paritaria de hombres y mujeres que estarán ordenados de forma alternativa por sexos. (Así, la LO 2/2024 introdujo la obligatoriedad de las listas cremallera).

Proclamación de los candidatos

El art. 47 LOREG dispone que las candidaturas se publicarán el vigésimo segundo día posterior a la convocatoria.

• Por su parte, las Juntas Electorales Provinciales comunicarán las irregularidades detectadas a los representantes de las candidaturas en el plazo de los 2 días siguientes para su subsanación en el plazo de 48 horas.

• Finalmente, las Juntas Electorales proclamarán las candidaturas admitidas en el día vigésimo séptimo siguiente a la convocatoria y serán publicadas al día siguiente.

Campaña electoral

El art. 50 dispone que se entiende por tal el conjunto de actividades realizadas por los partidos para la captación de sufragios. La campaña electoral comienza el trigésimo octavo día posterior a la convocatoria y dura 15 días.

Otros actos preparatorios

Podemos incluir:

• La aprobación de los modelos oficiales de las papeletas y sobres electorales por las Juntas Electorales Provinciales.

• La designación de interventores y apoderados por los representantes de cada candidatura, que podrá recaer en ciudadanos mayores de edad en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

• La emisión anticipada del voto por correo mediante solicitud dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral cuando los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la localidad donde les corresponda. Debiendo destacar la LO 12/2022 por la que se modifica el ejercicio del derecho de voto por los españoles que viven en el extranjero y que abandona el sistema de voto rogado al remitirse ahora la oportuna documentación a los domicilios en el extranjero que consten, así como una sensible ampliación de plazos.

Celebración de la votación

Los arts 80 y ss fijan las siguientes reglas:

• La Mesa Electoral se reunirá a las ocho horas del día señalado para la votación y examinará las credenciales de los interventores presentados. Por su parte, el Presidente extenderá el acta de constitución a las ocho y media horas.

• La votación se extenderá desde las nueve hasta las veinte horas, en que se introducirán en la urna los votos por correo y los de interventores y miembros de la Mesa y se procederá al escrutinio.

• El Presidente preguntará si hay alguna protesta y, si no la hubiere o una vez resueltas las presentadas por mayoría de los miembros de la Mesa, se hará público el resultado mediante certificación, que se fijará en el exterior o la entrada del local. Del mismo modo, también se expedirá certificación a la persona designada por la Administración para recibirla, a los representantes de las candidaturas que lo soliciten y, en su caso, a los interventores, apoderados o candidatos.

• La Mesa preparará la documentación electoral, que se recogerá en tres sobres, de los cuales el primero contendrá el expediente electoral, mientras que los otros dos contendrán copias literales del acta de constitución y del acta de la sesión. En este sentido, los dos primeros se entregarán en el Tribunal de Instancia o la Oficina de Justicia correspondiente y el tercero se entregará al funcionario de Correos que se personará en la Mesa Electoral para recogerlo.

Escrutinio general

Éste tiene por objeto la resolución de las reclamaciones y protestas presentadas por los representantes y apoderados de las candidaturas. Sus plazos se vieron modificados pro la LO 12/2022. Así, el art. 103 dispone que el mismo será realizado por la Junta Electoral que corresponda con carácter público y en el quinto día siguiente a la votación. Por su parte, el art. 107 dispone que el escrutinio deberá concluir no más tarde del octavo día posterior al de las elecciones.

Recursos ante la Administración Electoral

• El art. 21 LOREG dispone que contra los acuerdos de Juntas Electorales Provinciales, Autonómicas o de Zona podrá interponerse recurso ante la Junta Electoral de superior categoría en el plazo de 24 horas desde la notificación del acuerdo. Por su parte, esta última dictará resolución en el plazo de 5 días, si se tratare de periodo electoral, o 10 días, en otro caso, y contra esta resolución, no podrá interponerse recurso administrativo alguno.

• Por otro lado, el art. 108 dispone que los representantes de las candidaturas y apoderados podrán presentar reclamaciones y protestas ante la Junta Electoral en el plazo de un día desde la conclusión del escrutinio general, siempre que se refieran a incidencias recogidas en el acta de la sesión de las Mesas Electorales o el acta de la sesión de escrutinio de la Junta Electoral.

Recursos judiciales (electorales)

1. Recurso contra la proclamación de candidaturas y candidatos. El art. 49 dispone que la competencia corresponde a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo, salvo que se trate de candidaturas que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de un partido suspendido o declarado ilegal y disuelto, en cuyo caso la competencia corresponderá a la Sala Especial del Tribunal Supremo del art. 61 LOPJ. En este sentido, el recurso deberá interponerse en el plazo de 2 días y el órgano judicial dictará sentencia sin más trámite en el plazo de los 2 días siguientes, y contra esta resolución sólo podrá interponerse recurso de amparo.

2. Recurso contencioso electoral. el art. 112 dispone que la competencia para resolver corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el caso de elecciones generales o al Parlamento Europeo, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el caso de elecciones autonómicas o locales.

• En este sentido, estos recursos podrán interponerse contra los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y contra la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales.

• Por su parte, el recurso se interpondrá ante la Junta Electoral, que dará traslado a la Sala competente y emplazará a las partes para que comparezcan ante ella para exponer sus alegaciones Por su parte, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 4 días y contra esta resolución sólo podrá interponerse recurso de amparo.

Ordenación elecciones locales

éstas seguirán el régimen expuesto anteriormente si bien las competencias de las Juntas Electorales Provinciales en la elección de diputados y senadores corresponderán en este caso a las Juntas Electorales de Zona.

En cuanto a la presentación de candidatos, el art. 187 dispone que el requisito de composición paritaria a que se refiere el art. 44 bis no se exigirá en los municipios con un número igual o inferior a 3000 habitantes. Por otro lado, tratándose de municipios 3000 a 5000 habitantes, tampoco se exigirá el requisito de composición paritaria pero cada candidatura deberá incluir un mínimo del 40% y un máximo del 60% de cada uno de los sexos.

En cuanto a la elección de Alcalde, el art. 196 LOREG dispone que podrán ser candidatos todos los Concejales que encabecen las correspondientes listas.

Por otro lado, si alguno obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, será proclamado Alcalde. Sin embargo, si ninguno de ellos obtuviere dicha mayoría, se proclamará Alcalde al Concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos en el municipio y, en caso de empate, se resolverá por sorteo.

Elección Diputados provinciales

los arts. 204 a 206 disponen que:

1. Las Juntas Electorales Provinciales distribuirán el número de puestos a cubrir entre los partidos judiciales de la provincia en proporción a su población.

2. Cada Junta Electoral de Zona distribuirá los puestos correspondientes a los partidos en función del resultado de la votación.

3. La Junta Electoral convocará por separado a los Concejales de los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puestos de Diputados para que elijan a los que deban ser proclamados entre unas listas de candidatos en las que se incluirán aquéllos que cuenten con el aval mínimo de un tercio de Concejales. Por otro lado, estas listas se ajustarán al principio de representación equilibrada entre hombres y mujeres de forma que cada una deberá incluir un mínimo del 40% y un máximo del 60% de cada uno de los sexos y los candidatos estarán ordenados de forma alternativa por sexos.

Art. 124 CE

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

régimen jurídico MF

En cuanto a su régimen jurídico, viene recogido por la Ley 50/1981 por la que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como por el Real Decreto 305/2022 por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal (y que deroga el Decreto 437/1969).

Posición constitucional MF

Inicialmente el Ministerio Fiscal fue concebido como un órgano gubernativo al que se atribuía la representación del Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial, o bien como un órgano de comunicación con el Poder Judicial.

No obstante, la Constitución de 1978 abandonó esta concepción del Ministerio Fiscal. De este modo, el art. 2 del Estatuto Orgánico lo define como órgano con relevancia constitucional con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.

Relaciones MF con órganos constitucionales

1. Por un lado, el art. 8 EO dispone que el Gobierno podrá interesar del FGE que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en defensa del interés público. Por su parte, el FGE resolverá sobre la procedencia de dichas actuaciones con audiencia de la Junta de Fiscales de Sala y expondrá resolución razonada al Gobierno.

2. Por otro lado, el art. 9 dispone que el FGE remitirá al Gobierno una memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención de los delitos y las reformas convenientes para obtener una mayor eficacia de la justicia. Del mismo modo, se remitirá copia de la memoria a las Cortes Generales y al CGPJ.

3. Finalmente, el art. 10 dispone que el MF colaborará con las Cortes Generales a su requerimiento y comparecerá para informar sobre los asuntos de los que fuere especialmente requerido.

Principio de legalidad (MF)

implica la sujeción del MF a las normas del ordenamiento conforme al apartado 1 del art. 9 CE que dispone que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del Ordenamiento Jurídico.

• Por su parte, el art. 6 EO dispone que el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, la ley y demás normas del ordenamiento jurídico dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes, o bien oponiéndose a las indebidamente ejercitadas en la forma que las leyes establezcan.

Principio de imparcialidad (MF)

el art. 7 dispone que el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que tiene encomendados.

• Por su parte, el 28 dispone que el FGE y los demás miembros del Ministerio Fiscal se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando concurra alguna de causas de abstención establecidas por la LOPJ para Jueces y Magistrados. En este sentido, las partes podrán interesar del superior jerárquico del Fiscal actuante que ordene su no intervención en el proceso. No obstante, tratándose del FGE, la petición podrá dirigirse al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y la decisión corresponderá a la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Contra estas decisiones, no podrá interponerse recurso alguno.

Principio de unidad de actuación (MF)

el art. 22 EO señala que el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado y que el FGE ostenta la jefatura superior del MF y su representación en todo el territorio español. Así que sus miembros deberán actuar siempre en representación de la institución y por delegación de su Jefe respectivo. En este sentido, este principio viene garantizado por mecanismos como la celebración periódica de Juntas de Fiscalía para el estudio de aquellos asuntos de especial trascendencia o complejidad.

Principio de dependencia jerárquica (MF)

se trata de un instrumento necesario para el mantenimiento del anterior y se manifiesta en los siguientes aspectos:

• La existencia de una estructura piramidal encabezada por el Fiscal General del Estado del que dependen directamente la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y, por mediación de sus respectivos Fiscales Jefes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las Fiscalías Especiales, las Fiscalías Superiores de las Comunidades Autónomas y las Fiscalías Provinciales.

• La potestad del Fiscal General del Estado para dictar órdenes e instrucciones a sus subordinados, llamarlos a su presencia para recibir directamente sus informes y para designar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para que actúe en un determinado asunto.

• El deber de los miembros del Ministerio Fiscal de comunicar a su Fiscal Jefe los hechos relativos a su función que éste deba conocer por su importancia o trascendencia.