Tema 13: Gobierno Abierto, Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013)

Fichas de vocabulario exhaustivas correspondientes al Esquema del Tema 13 (OEyFP) para Ayudante de Instituciones Penitenciarias: Gobierno Abierto, publicidad activa, acceso a la información pública, buen gobierno y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Pilares de la Alianza para el Gobierno Abierto

Ejes en los que se apoya la iniciativa internacional a la que España se incorporó en abril de 2011 (con 75 países participantes): 1. Transparencia, 2. Participación y 3. Colaboración.

Estructura de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Se compone de 1 Título Preliminar y 3 Títulos: Título I (Transparencia de la Actividad Pública, arts. 2-24), Título II (Buen Gobierno, arts. 25-32) y Título III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, arts. 33-40).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre

Norma que realizó la modificación de la Ley 19/2013, modificando el artículo 15.1 y añadiendo el artículo 6 bis.

Ámbito subjetivo de aplicación (Art. 2 de la Ley 19/2013)

Sujetos obligados que incluyen a la Administración General del Estado (AGE), entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas (incluidas las Universidades Públicas), Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo, entre otros.

Otros sujetos obligados a la Publicidad Activa (Art. 3)

Sujetos obligados únicamente al Capítulo II del Título I: partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones públicas de más de 100.000 € o donde al menos el 40% de sus ingresos anuales procedan de ayudas públicas (siempre que superen los 5.000 €).

Obligación de suministrar información (Art. 4)

Deber de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas de facilitar la información requerida al órgano al que se encuentren vinculadas.

Principios técnicos del Portal de Transparencia (Art. 11)

Principios que rigen la publicación periódica y actualizada de la información de relevancia: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

Incumplimiento de las obligaciones de Publicidad Activa

Infracción grave derivada del incumplimiento reiterado de las obligaciones del Capítulo II del Título I por parte de los sujetos de la AGE, bajo control del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Derecho de acceso a la información pública (Art. 12)

Derecho conferido a todas las personas en los términos previstos por el artículo 105.b) de la Constitución Española.

Información pública (Art. 13)

Contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos del ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Límites al derecho de acceso (Art. 14)

Restricciones tasadas (como seguridad nacional, seguridad pública o secreto profesional) que deben aplicarse de forma justificada, proporcionada y atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

Acceso parcial (Art. 16)

Mecanismo por el cual, cuando una limitación legal no afecte a la totalidad de la información requerida, se concede el acceso omitiendo previamente la parte afectada por la reserva.

Protección de datos especialmente sensibles en el acceso (Art. 15.1)

Régimen aplicable a datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias, sobre los cuales solo se permite el acceso si media consentimiento expreso y por escrito del afectado o si los datos ya eran públicos con anterioridad a la solicitud.

Protección de datos personales de salud y penales en el acceso (Art. 15.2)

Régimen para datos sobre origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, e infracciones penales o administrativas que no conlleven amonestación pública; solo se autoriza el acceso con consentimiento expreso del afectado o amparo en una norma con rango de ley.

Subsanación por falta de identificación de la información (Art. 17)

Trámite en el que se otorga al solicitante un plazo de 10 días para concretar la petición; si no lo hace se le tiene por desistido de la solicitud y durante este lapso se suspende el plazo para resolver.

Trámite de alegaciones a terceros (Art. 19)

Plazo de 15 días concedido a terceros identificados que pudieran verse afectados por la divulgación de la información para formular alegaciones, suspendiéndose el plazo para dictar resolución.

Causas de inadmisión de la solicitud de acceso (Art. 18)

Supuestos que permiten inadmitir la solicitud: referirse a información en curso de elaboración o publicación general, ser de carácter auxiliar o de apoyo, requerir reelaboración previa a su divulgación, dirigirse a un órgano que no posee la información y desconoce al competente, o ser manifiestamente repetitiva o abusiva.

Plazo de resolución de la solicitud de acceso (Art. 20)

Plazo máximo de 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, prorrogable por 1 mes adicional si lo justifica el volumen o la complejidad de la información.

Silencio administrativo en el derecho de acceso (Art. 20)

Efecto desestimatorio (silencio negativo) que opera al transcurrir el plazo máximo legal sin que la Administración haya dictado y notificado resolución expresa.

Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 24)

Mecanismo de impugnación potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa, que sustituye a los recursos administrativos ordinarios frente a resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso (salvo resoluciones de órganos constitucionales del art. 2.1.f, que van directo a lo contencioso).

Plazos de la reclamación ante el CTBG (Art. 24)

Plazo de interposición de 1 mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o del silencio administrativo; y plazo máximo de 3 meses para resolver y notificar, tras el cual opera el silencio desestimatorio.

Ámbito de aplicación del Buen Gobierno (Art. 25)

Sujetos vinculados por el Título II: miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás altos cargos de la AGE y entidades del sector público estatal vinculadas o dependientes.

Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (Art. 28)

Infracciones disciplinarias y de conducta financiera de los altos cargos tipificadas en su totalidad con carácter de muy graves.

Sanciones por infracciones muy graves de Buen Gobierno (Art. 30)

Medidas aplicables conjuntamente en todo caso: declaración de incumplimiento y publicación en el BOE, no percepción de indemnización por cese en el cargo, destitución del puesto y prohibición de ocupar un alto cargo o asimilado entre 5 y 10 años.

Prescripción de infracciones y sanciones de Buen Gobierno (Art. 32)

Plazos de prescripción: muy graves a los 5 años, graves a los 3 años y leves a 1 año. Las infracciones prescriben desde el día de su comisión y las sanciones desde el día siguiente a que sea ejecutable la resolución o expire el plazo para recurrir.

Órganos competentes en procedimiento sancionador a miembros del Gobierno (Art. 33)

Si el responsable es miembro del Gobierno o Secretario de Estado: incoa el Consejo de Ministros (a propuesta del Ministro de Hacienda), instruye la Oficina de Conflictos de Intereses y sanciona el Consejo de Ministros.

Órganos competentes en procedimiento sancionador a demás altos cargos (Art. 33)

Para los altos cargos de la AGE que no pertenezcan al Gobierno ni sean Secretarios de Estado: incoa e impone la sanción el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, mientras que la instrucción corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses.

Presidente del CTBG (Art. 37)

Máxima autoridad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nombrada por Real Decreto por un período de 5 años no renovable, a propuesta del Ministro de Hacienda y refrendado por el Congreso por mayoría absoluta en el plazo de 1 mes natural.

Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (Arts. 35 y 36)

Órgano colegiado compuesto por 8 miembros (incluido el Presidente) con rango mínimo de Subdirector General, encargado de emitir anualmente una memoria a las Cortes Generales sobre el grado de cumplimiento de la Ley 19/2013.