Culpa in contrahendo
La culpa in contrahendo puede ser dolosa o culposa. Pero no por ello el profesor considera que pueda considerarse una categoría de responsabilidad civil.
Artículo 35 Ley del Consumidor: Régimen de responsabilidad
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.
La idea se resume en que todo aquel que forma parte de la cadena de producción de un bien, servicio o informaciones, responde de manera objetiva y concurrente frente al consumidor (entendido como el destinatario final) de dichos bienes, servicios o informaciones.
La responsabilidad concurrente se diferencia de la responsabilidad solidaria en que: en la responsabilidad concurrente hay un mismo acreedor y varias personas que responden por diversas razones frente a dicho consumidor. No se confunde la responsabilidad concurrente con la solidaria.
Las hipótesis de culpa in contrahendo se resuelven en la práctica bajo las reglas de la responsabilidad civil de carácter extracontractual. Ejemplo: cuando una de las partes conoce la causal de nulidad y aún así lo ejecuta, entonces en ese supuesto no se puede exigir el cumplimiento de un contrato nulo; sino que se tendría que exigir la responsabilidad civil extracontractual para que se indemnice el interés contractual negativo. |
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En el caso de la ruptura abrupta de las negociaciones no hay contrato, simplemente hay una ruptura que da lugar a exigir una indemnización por la vía de la responsabilidad extracontractual (siempre y cuando haya sido arbitraria, inopinada, intempestiva, abrupta) y siempre y cuando se hubiera suscitado la confianza en la persona afectada de que se iba a llegar a celebrar efectivamente el contrato y por lo tanto habría incurrido en gastos para la preparación del mismo.
En el caso de que los establecimientos no tengan las condiciones de seguridad suficientes para que los potenciales clientes exploren los servicios o bienes ofrecidos, ahí no hay contrato todavía, por lo que se puede exigir es responsabilidad extracontractual y que se indemnicen los daños sufridos por parte del potencial consumidor que ha sido perjudicada en su persona, bienes o intereses morales.
En la culpa in contrahendo no se puede decir que se está ante categorías de culpa, sin que en algunos se ve dolo y en otros responsabilidad objetiva.
El caso de los esponsales no genera efectos jurídicos en el ámbito del derecho de familia (porque el Código de Familia establece que no obliga a las partes a casarse), pero sí puede generar efectos de responsabilidad civil si una de las partes incurrió en gastos (como contrataciones para la boda, regalos de bodas caros, gastos en la Iglesia, reservaciones, etc etc).
La culpa in contrahendo consiste en:
Culpa in operando
Causas de responsabilidad en un caso de daños ocurridos en la ejecución de una actividad. El profesor no puede considerar que se está frente a una variante de tipología de las responsabilidades.
La culpa in operando es una responsabilidad que se asume en la ejecución de la actividad y tampoco tiene una entidad específica frente a los casos de otras tipologías de la culpa.
El profesor considera que en los casos de culpa in operando, lo más importante que hay que tener presente es que a nivel conceptual hay una diferencia entre la culpabilidad y la culpa.
En la responsabilidad objetiva falta el juicio de reproche, porque la persona que responde por la responsabilidad objetiva en realidad actúa conforme a derecho (actividad lícita y autorizada por el estado), de forma tal que si uno desarrolla una actividad lícita y aprobada por el Estado, en principio no se puede ver cuál es el juicio de reproche que se le puede realizar.
No se puede considerar que la culpabilidad es un requisito sine qua non de la responsabilidad civil, porque no en todos los casos se realiza un juicio de reproche.
En muchos otros casos, puede funcionar el desplazamiento de asumir el riesgo por criterios de responsabilidad objetiva, la equidad, por posición de la persona en determinada situación respecto de derechos reales, por situaciones de posición en la familia, etc
UNIDAD 6: responsabilidad civil indirecta o por hecho ajeno
La responsabilidad civil puede ser directa o indirecta.
Responsabilidad Civil Directa: la que recae sobre la persona que por sí misma llevó a cabo la conducta generadora del daño.
Responsabilidad civil indirecta: casos en los cuales la responsabilidad deriva de los auxiliares de los cuales yo me valgo para llevar a cabo una determinada prestación.
La pregunta que suscita en este caso es: ¿bajo qué título o con qué fundamento normativo puede endilgarle responsabilidad a una persona por un hecho ajeno?
Artículo 1048 párrafo segundo Código Civil: El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia, y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar.
Culpa in eligendo: culpa en que incurre una persona a la hora de elegir a alguien para que lleve a cabo un determinado comportamiento, obra o servicio que se presta.
Culpa in vigilando: el que le encarga a una persona el cumplimiento de una prestación determinada debe tener cuidado o diligencia a la hora de vigilar su actuación de forma tal que se esté comportando y cumpliendo el encargo de manera idónea.
Estas dos especies se caracterizan por la culpa porque se responde por una violación a un deber de cuidado, pero también puede ser operando el dolo.
La redacción del artículo se refiere a daños ocasionados a terceros (personas que no forman parte de la relación jurídica), pero no se establece la misma responsabilidad respecto de la contraparte en la relación jurídica.
Algunos han dicho que lo que procede es aplicar analógica o supletoriamente el artículo 1048 al caso contractual, pero la doctrina internacional considera que no es idóneo porque se traslada la causa de exclusión de responsabilidad a la relación contractual (se habilita una fuente de impunidad al ámbito contractual).
La doctrina ha considerado que se podría jugar en el ámbito contractual diciendo que, si el daño lo causa el auxiliar, utilizando las oportunidades, los medios, los instrumentos que el encargado de la obra le confirió, y siempre y cuando los hechos sucedan dentro de la esfera de control del encargado de la obra, entonces se estaría en un caso de imputación objetiva (sin culpa) de los resultados dañosos que se hayan causado por parte del auxiliar - respondería el encargado de la obra objetivamente si el daño se causa dentro de su esfera de custodia o control.
Artículos 701 y siguientes se contempla la sección del Código Civil que hace alusión a la responsabilidad contractual.
El 702 es el artículo central de la responsabilidad civil contractual: El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 1045 al 1048 del Código Civil se deduce el régimen de responsabilidad en los casos en los que la responsabilidad es extracontractual.
Responsabilidad directa de la persona que contrató a los auxiliares con respecto a la contratación, pero responsabilidad indirecta frente a la persona que se vio dañada por la ejecución del auxiliar contratado.
En la doctrina se considera que es responsabilidad por el hecho ajeno y se imputa el daño, aunque no lo haya realizado materialmente, al encargado o persona que reclutó a quienes cometieron efectivamente el daño, en virtud del juicio de reproche que se evidencia en la culpa in vigilando o in eligendo o la mala intención con que pudo haber actuado.
El autor material del daño también puede ser llamado a cuentas junto con la persona que lo nombró o lo contrató para la ejecución de la prestación.
La responsabilidad por hecho ajeno puede ser extracontractual subjetiva, puede ser responsabilidad por hecho ajeno extracontractual de naturaleza objetiva, puede ser contractual subjetivo
El cuadro general de la responsabilidad civil sería el siguiente:
Responsabilidad objetiva de la Administración Pública
No puede considerarse como una especie de responsabilidad civil, porque la responsabilidad de la Admin. Pública es siempre enmarcada en el principio de legalidad y la Ley General de Admin. Pública.
1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión.
2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante.
3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo.
La carga de la prueba: La carga de la prueba de la culpa: en el derecho, el que alega debe probar. Si yo considero que estoy en alguno de los casos de excepción del artículo 1048, yo debo probarlo.
Responsabilidad objetiva por el riesgo creado de la empresa
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
Artículo 35.- Régimen de responsabilidad.
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.
Contiene la responsabilidad por el riesgo de la empresa, no es solo la responsabilidad por el producto, sino también por bienes, servicios o informaciones.
No es responsabilidad solo del productor, sino que es responsabilidad de todas las personas que se involucran en la cadena de comercialización del producto: productores, distribuidores, comerciantes, representantes, etc etc.
En asociación con el artículo 2 de la misma ley, se establece que la ley del consumidor se aplica cuando en un lado de la relación se tiene un comerciante y del otro lado a un consumidor.
La ley parte de la circunstancia de que si de un lado hay un comerciante (proveedores y productores también) y del otro lado de la relación hay un consumidor, entonces se aplica el régimen de responsabilidad.
El problema sobre la teoría de los roles (como o plantea la Ley del Consumidor costarricense) es que se puede extender tutela a quien en el caso concreto no lo requiere, y por el otro lado se puede estar negando la tutela a personas que sí lo necesitan pero no calzan dentro de la definición de roles que establece la norma.
En determinados casos, agrupaciones de consumidor o consumidores específicos pueden tener mucha más fuerza y mayor conocimiento que los propios comerciantes y posibilidades de intervenir en el mercado de la oferta y la demanda que la persona que se desempeña como consumidor usualmente.
Una tutela subjetiva de las personas en la materia de consumidor, presenta un problema sutil de cómo hacer compatible las normas de protección con el principio de universalidad de las normas jurídicas.
Principio de universalidad de las normas jurídicas: las normas jurídicas en un ordenamiento dado rigen para todas las personas - si no rigieran para todos, se estaría creando un ajusticia ideologizada o de clase, que corre el riesgo de que se pierda la confianza en el funcionamiento del ordenamiento jurídico.
Los enfoques subjetivos que definen a la pregunta del consumidor son: la teoría de los roles (rol de destinatario final de un bien, servicio o información). Una persona es destinataria final cuando termina una cadena económica y se pasa a una cadena de consumo.
El enfoque marxista o socialista no integra la categoría de consumidor en sus análisis económicos.
Se considera un defecto de su planteamiento filosófico-económico. En los años sesenta del siglo pasado, los seguidores marxistas elaboran una teoría que trata de incluir el concepto de consumo en la filosofía marxista.
Planteamiento que indica que quiénes son los sujetos fundamentales en las relaciones económicas modernas son el capitalista (quien tiene la propiedad de los medios de producción - capital y trabajo) y el asalariado (trabajador que no tiene capital ni trabajo, solo tiene su fuerza de trabajo para subsistir); se relaciona el trabajador asalariado con el capitalista en que el primero le vende al capitalista su fuerza de trabajo a cambio de que el capitalista le pague el salario de subsistencia (concepción marxista que consiste en el salario estrictamente necesario para que se reproduzca la clase de trabajador de que se trata) - el capitalista crea bienes y servicios con el trabajo del asalariado para venderlos en un mercado de la oferta y la demanda - quien le compra al capitalista los bienes que produce es el mismo trabajador asalariado.
Críticas:
El tercer enfoque subjetivo es el de la situación de dependencia existencial: enfoque que se desarrolla en las segunda mitad del siglo pasado para indicar que es débil quien se encuentre en una relación jurídica, económica y social de dependencia con su contraparte.
No es aceptado por:
Los enfoques subjetivos son: la teoría de los roles, el enfoque marxista y la teoría de las situaciones de dependencia existencial.
Gracias a los enfoques objetivos se salva la tutela de la protección del débil de forma que no se compromete el principio de universalidad de las normas jurídicas: ya no se preocupa por el quién, sino que se preocupa por el qué. Permite tratar de nivelar los problemas que se derivan en una sociedad determinada para los agentes económicos.
En el artículo 35, se entiende que la Ley del Consumidor pretende que la responsabilidad establecida se aplique siempre y cuando los bienes, servicios o informaciones lesionen a un consumidor (destinatario final de estos elementos).
Evidentemente, hay casos donde uno no es consumidor final, pero se me causó un daño. El profesor considera que el planteamiento de la responsabilidad por el riesgo de empresa es insuficiente si se tiene en cuenta que está estructurada sobre la protección que se haga al consumidor.
Cuando el artículo 35 habla de productor, proveedor y comerciante: se refiere a todos los que se insertan en la cadena de producción del bien o servicio. Rompe la dicotomía en la que se dice que siempre hay una relación en un lado con un comerciante y en otro lado con un consumidor.
Cuando se habla de este tipo de responsabilidad objetiva, se dice que todos deben responder de manera concurrente y sin culpa frente al consumidor que sufrió un daño.
No debe confundirse la responsabilidad concurrente con la responsabilidad solidaria.
Es independiente la existencia de culpa porque el criterio de atribución es la explotación de una fuente de peligro, en este caso de productos, servicios o informaciones, potencialmente aptas para generar un daño - si se crea este daño a la persona, deben producirse situaciones que el ordenamiento jurídico no considera deban ser toleradas.
El artículo 35 es la única norma en todo el ordenamiento jurídico que crea una responsabilidad de tipo objetivo por la entrega o suministro de informaciones defectuosas al destinatario final de las mismas.
Caso de Juan Diego Castro contra el Periódico La Nación: el periódico emitió una edición con una información en primera plana y otras páginas (de comentarios de opinión) donde se informaba de manera incorrecta que Juan Diego Castro tenía en su casa y oficina armas que traía de cuando fue ministro de seguridad - se plantea el caso y se determina que las armas no las tenía en ninguno de esos dos sitios, sino que estaban en la caseta del guarda que tenía a unos metros de la entrada de su propiedad con autorización de la PGR porque aunque había dejado el cargo de ministro, se determinó que su vida podía correr peligro y se le permitió que se protegiera su vida con armas - la información brindada al público era equivocada y la tesis que se planteó en la resolución fue que con la entrada en vigencia del derecho a la información del consumidor (en el artículo 46 párrafo último de la Constitución Política), se indicó que se había introducido un derecho fundamental diverso al de la libertad de prensa - tanto el derecho de libertad de prensa es unilateral (derecho del periodista o medio de comunicación de tener su línea de pensamiento y sacar informaciones sin censura previa y solo sujeto a una repsonsablidad posterior en caso de que se hubiera aplicado un uso abusivo) pero el derecho de información es dual (derecho de dar información y derecho de recibir información) - el derecho constitucional del consumidor es el de recibir información adecuada y veraz - la información es un bien que se consume en la sociedad actual y se inserta también en una cadena de producción y comercialización de bienes y servicios - la tesis del tribunal penal fue confirmada en su ttoaldiad por la Sala Primera.
Se tutela tanto al consumidor jurídico como el de hecho.
Ejemplo: alguien va a una farmacia y compra un frasco de medicinas para su mamá, quien ingiere el medicamento - quien compra es el consumidor jurídico, pero la mamá es la consumidora de hecho - la persona consumidora de hecho puede ser la que sufre el daño, por lo que tiene derecho a ser tutelado por el ordenamiento jurídico aún sin ser el consumidor jurídico. El artículo 35 tutela tanto al consumidor jurídico como al consumidor de hecho.
Es relevante tomar en cuenta con relación al artículo 35 que el párrafo 2 indica que sólo se libera quien demuestre que fue ajeno al daño - es una ruptura del nexo causal. La carga de la prueba se invierte - no es la persona que sufre el daño, sino quien está siendo demandada la que tiene que demostrar que fue ajena al daño.
También se debe considerar que los representantes legales de los establecimientos mercantiles, gerentes, encargados del negocio, dependientes, técnicos, responden de manera objetiva y concurrente frente al consumidor.
Responden por hechos propios o de sus dependientes o auxiliares, por lo que se trata de una responsabilidad enorme para los representantes legales - la responsabilidad en este caso es solidaria entre sí, no concurrente.
La pregunta es cómo responderían en relación con el productor, proveedor o comerciante: porque la norma los involucra directamente; pero la tesis correcta es que todos estos representantes legales, directores, etc, responden solidariamente entre sí y también solidariamente con el proveedor, distribuidor o comerciante.
La última observación con respecto al artículo 35 es si la responsabilidad a la que hace referencia es contractual o extracontractual.
Responsabilidad objetiva por el daño ambiental
Artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente: Responsabilidad de los infractores. Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión.
Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica.
Esta norma introduce una responsabilidad por la simple causación del daño ambiental. La norma no hace referencia a que tenga que actuarse con dolo o con culpa, negligencia, imprudencia, impericia o falta.
Se responde civilmente y de manera solidaria con todos los que hayan participado en la causación de dicho daño.
UNIDAD 7: Responsabilidad civil contractual
La diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual es sencillamente que la contractual es la que deriva de la infracción de algún deber estipulado en un contrato específico celebrado con otra parte (artículos 701 y siguientes del Código Civil) - mientras que extracontractual hace referencia a la responsabilidad que surge cuando se inobserva un deber jurídico fundamental inherente de no dañar a nadie cuando se lleva a cabo una acción que es violatoria de un deber específico de comportamiento sin necesidad de que exista un contrato jurídico determinado.
La sección del Código Civil central para regular la responsabilidad civil contractual es la que se enmarca en el artículo 701 y siguientes.
Del artículo 702 del CC se desprende la principal norma jurídica reguladora de la responsabilidad contractual.
Un sector de la doctrina determina que la responsabilidad contractual vendría a derivar, no necesariamente de la existencia de un contrato puro y simple bien determinado, sino que la esencia de esta responsabilidad contractual es dada por la infracción de un vínculo jurídico previo (que no necesariamente debería ser de un contrato estrictamente constituido), sino que se inobservó un vínculo jurídico previo con la otra parte.
Si es así, llegaríamos a una conclusión sorprendente y paradójica: los casos que señalamos de responsabilidad contractual (contemplados en la sección del Código Civil artículos 1045, 1046, 1047 y 1048) serían de responsabilidad extracontractual siempre y cuando no se haya lesionado ese deber general, porque en el momento en que alguien lesiona el deber general y se genera un vínculo jurídico entre esas personas.
ARTÍCULO 701.- El dolo no se presume, y quien lo comete queda siempre obligado a indemnizar los daños y perjuicios que con él ocasione, aunque se hubiere pactado lo contrario.
No se hace referencia a una existencia de criterio subjetivo en la norma principal del régimen de responsabilidad civil contractual: artículo 702: El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.
El sistema del Código Civil extingue las obligaciones bajo los supuestos de que se cumpla, porque sea imposible cumplirlas o porque se dé una serie de fenómenos que se pueden considerar sustitutos de cumplimiento de la prestación (ejemplo: remisión o condonación de la deuda, compensación de la deuda, novación de la deuda, la dación en pago, la confusión) - una vez que existe una obligación, la única forma de liberarse es cumliendola salvo que resulta alguno de esos supuestos.
ARTÍCULO 703.- El deudor no está obligado al caso fortuito, sino cuando ha contribuido a él o ha aceptado expresamente esa responsabilidad.
ARTÍCULO 704.- En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse.
El problema es que nadie ha tenido claro qué es un daño directo y cuál es un daño inmediato - se ha tratado de definir pero sin fruto alguno. Es un criterio poco fiable.
La doctrina alemana estableció una crítica muy fuerte a este criterio: esta formulación contiene una contradicción en los términos; si eso fuera cierto, no podrían indemnizarse nunca los perjuicios, los cuales por definición son siempre consecuencia mediata e indirecta de la causación de un daño.
El criterio de la adecuación rige fundamentalmente para los daños y perjuicios de carácter culposo, porque cuando los daños y perjuicios son dolosamente causados, siempre se indemnizan aunque no sean adecuados.
ARTÍCULO 706.- Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el vencimiento del plazo. Si la obligación es dineraria, en ella los daños y perjuicios son solo el pago de una suma determinada de dinero y no se pueden reclamar otro tipo de daños y perjuicios.
ARTÍCULO 707.- La responsabilidad por daños y perjuicios prescribe con la obligación cuya falta de cumplimiento la produce.