La Implantación de la Segunda República y la Constitución de 1931
El fin de la monarquía y la génesis del cambio de régimen
Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, el monarca Alfonso XIII designó al general Dámaso Berenguer como jefe del Gobierno con la misión primordial de reintegrar al país a la normalidad constitucional. Sin embargo, el periodo comprendido entre enero de 1930 y abril de 1931, que abarcó los gobiernos de Berenguer y de su sucesor, el almirante Aznar, fracasó en su intento de regresar a las viejas fórmulas políticas de la Restauración. Este intento ignoraba que las circunstancias de 1930 eran radicalmente distintas a las de 1923; la monarquía había sufrido un desgaste irreversible y carecía prácticamente de apoyos sociales y políticos.
En agosto de 1930, la oposición se organizó mediante el Pacto de San Sebastián, un acuerdo suscrito por todos los partidos republicanos con el objetivo explícito de derrocar la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la República. Para lograrlo, se constituyó un comité revolucionario cuya función era preparar un cambio de régimen a través de un levantamiento militar reforzado por apoyo civil. Los integrantes de este comité estaban destinados a formar el futuro gobierno provisional. En octubre de 1930, las fuerzas socialistas representadas por el PSOE y la UGT se adhirieron al pacto en Madrid, comprometiéndose a organizar una huelga general que coordinara sus esfuerzos con la insurrección militar para asegurar su participación en el nuevo ejecutivo.
Los intentos de insurrección y el surgimiento de mártires republicanos
El plan revolucionario incluyó dos intentos de pronunciamiento militar que, aunque fallidos, tuvieron un impacto simbólico determinante. El primero ocurrió en Jaca (Huesca) el 12 de diciembre de 1930, adelantándose tres días a la fecha establecida por falta de coordinación. La guarnición sublevada fue derrotada, pero el posterior fusilamiento de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández convirtió a estos militares en los primeros mártires de la causa republicana. El segundo intento tuvo lugar el 15 de diciembre en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid), liderado por el general Gonzalo Queipo de Llano junto a otros oficiales. Esta sublevación fue frustrada por unidades militares leales al Gobierno. Como consecuencia, de los diez miembros del comité revolucionario, seis fueron encarcelados y los cuatro restantes se vieron obligados a esconderse o exiliarse.
El gobierno del general Berenguer, apodado por la prensa como la «dictablanda», se caracterizó por su indefinición política. No mantuvo la estructura de la dictadura anterior ni restableció plenamente la Constitución de 1876, y se resistió a convocar las Cortes Constituyentes que la oposición demandaba. El intento de Berenguer de organizar unas elecciones legislativas tradicionales mediante el sistema de encasillado electoral fracasó cuando los líderes políticos se negaron a participar si no se celebraban primero elecciones municipales. Ante este estancamiento, Berenguer dimitió en febrero de 1931.
Las elecciones de abril de 1931 y la proclamación de la República
El relevo en el poder lo tomó el almirante Juan Bautista Aznar (febrero-abril de 1931), quien diseñó un calendario electoral que comenzaría con comicios municipales el 12 de abril, seguidos de elecciones a Diputaciones Provinciales y culminando en unas Cortes generales. Aunque técnicamente se votaba la composición de los Ayuntamientos, la ciudadanía interpretó la cita como un plebiscito sobre la permanencia de la monarquía. Los resultados globales mostraron una mayoría de concejales para los monárquicos debido al férreo control que los caciques ejercían sobre el voto en las zonas rurales.
No obstante, la victoria de las candidaturas republicano-socialistas en las capitales de provincia y ciudades importantes —donde la influencia del caciquismo era menor— fue determinante. La movilización popular fue inmediata. La primera ciudad en izar la bandera tricolor fue Éibar, a las 6:30 de la mañana del 14 de abril de 1931. A lo largo de la tarde de ese día, el movimiento se extendió a Madrid y Barcelona, donde las mayorías republicanas fueron abrumadoras. En un ambiente festivo y sin apenas incidentes violentos, se proclamó la II República y se exigió la salida del monarca del territorio nacional. El comité derivado del Pacto de San Sebastián asumió el papel de Gobierno Provisional.
El Gobierno Provisional y las reformas de transformación nacional
El Gobierno Provisional estuvo presidido por Niceto Alcalá Zamora y compuesto por una coalición de fuerzas republicanas y socialistas. Entre sus integrantes figuraban Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana), Alejandro Lerroux (Partido Radical), Manuel Azaña y Marcelino Domingo (izquierda republicana), así como Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos (PSOE). Este ejecutivo impulsó un ambicioso programa de reformas para modernizar el país:
En el ámbito territorial, se abordó la cuestión autonómica restaurando la Generalitat como gobierno autónomo de Cataluña, a la espera de la aprobación definitiva de un Estatuto de Autonomía por las Cortes. En materia agraria, el ministro Largo Caballero promulgó decretos cruciales como el de laboreo forzoso (para obligar al cultivo de las tierras) y el de términos municipales (para favorecer la contratación local y combatir el paro), además de instaurar seguros de accidentes y la jornada laboral de ocho horas.
La reforma educativa, liderada por Marcelino Domingo, se centró en la erradicación del analfabetismo mediante la creación de casi 7000 escuelas y plazas de maestros, promoviendo una enseñanza laica. La supresión de la obligatoriedad de la religión en las escuelas marcó el inicio de las tensiones con la Iglesia. Simultáneamente, la reforma militar buscó asegurar la primacía del poder civil y la modernización del cuerpo de oficiales a través de decretos de fidelidad a la República, el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza (dirigida por el general Franco) y la abolición de la Ley de Jurisdicciones de 1906.
Conflictos sociales, orden público y la cuestión religiosa
A pesar de la creación de la Guardia de Asalto como una nueva fuerza de policía urbana, el Gobierno Provisional no logró definir una política de orden público sólida, recurriendo a menudo a métodos represivos heredados de la monarquía y delegando funciones en el ejército. Las tensiones sociales se agravaron con la publicación de una pastoral del cardenal Segura que elogiaba la monarquía, lo que derivó en su expulsión del país. Como reacción, sectores de extrema izquierda incendiaron conventos, colegios religiosos e iglesias en Madrid y otras provincias, un hecho que deterioró la imagen internacional de la República y la alejó de la opinión pública católica.
El proceso constituyente de 1931
Para dotar al nuevo régimen de legalidad, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931 mediante una nueva ley electoral que buscaba eliminar el fraude y favorecer la representación de coaliciones, aunque permitiendo espacio a las minorías. Estos comicios, considerados los primeros verdaderamente libres en España, ratificaron la mayoría de la coalición republicano-socialista. Aunque las mujeres no tenían todavía derecho al voto, resultaron elegidas tres disputadas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken.
Las Cortes, presididas por Julián Besteiro, encargaron el Proyecto de Constitución a una comisión liderada por el socialista Jiménez de Asúa. Tras intensos debates parlamentarios entre agosto y diciembre de 1931 —especialmente agrios en lo referente a la libertad religiosa y el artículo 26 sobre las órdenes religiosas—, el texto fue aprobado el 9 de diciembre con 368 votos a favor. El artículo 26 fue el más polémico al decretar que la Iglesia y sus órdenes no recibirían beneficios estatales, no podrían impartir enseñanza y debían rendir cuentas anuales.
Principios fundamentales y estructura de la Constitución de 1931
La Constitución de 1931 definió a España en su primer artículo como una “República democrática de trabajadores de toda clase”. Sus pilares fundamentales incluyeron:
- Derechos Sociales y Civiles: Se garantizó el sufragio femenino, el matrimonio civil y el divorcio. Se estableció la educación primaria como obligatoria, gratuita y laica. Se introdujo la posibilidad de expropiar la propiedad privada por utilidad social mediante indemnización y la nacionalización de servicios públicos.
- Relación Estado-Iglesia: El artículo 3 declaró la no confesionalidad del Estado.
- Organización Territorial: El artículo 11 permitió la organización de provincias en regiones autónomas.
- División de Poderes: El poder legislativo era unicameral (Congreso de los Diputados). El poder ejecutivo se compartía entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la República (Jefe del Estado), quien podía ser destituido por las Cortes. El poder judicial se declaró independiente, introduciendo el tribunal del jurado y un Tribunal de Garantías Constitucionales.
Inspirada en las constituciones de Austria y Alemania de la posguerra, fue un texto de signo liberal y progresista. Sin embargo, su nacimiento careció de consenso absoluto y coincidió con un entorno internacional hostil marcado por la Gran Depresión y la crisis de las democracias liberales, lo que facilitó la reacción de los sectores conservadores que buscaron su reforma o eliminación definitiva.